Los dos jefes de servicio de Formación que estaban citados a declarar este jueves ante la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los cursos de formación, se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. Los dos funcionaros que se han negado a declarar son la jefa de servicio de la delegación provincial de Granada María Noelia García Lucena, y la jefa de formación de la delegación de Málaga María Isabel Almendro Flores, según han confirmado fuentes del caso.

La instructora ha citado este viernes a declarar a los dos últimos jefes de servicio imputados, Daniel Fito García, jefe de formación en Sevilla, y Manuel Gavilán Jiménez, jefe de servicio en Córdoba. Hasta ahora de los ocho jefes de servicio de Formación que han comparecido, seis se han negado a declarar y sólo dos han accedido a declarar, uno de los cuales negó haber recibido "órdenes ilegales" de sus superiores en relación con la justificación de las subvenciones, mientras que otro ha dicho que advirtió "falta de atención" y "laxitud" en sus superiores sobre este asunto.

Otras 19 personas detenidas por irregularidades en cursos de formación

La Policía ha detenido en Andalucía a otras 19 personas relacionadas con las supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación de la Junta, con lo que son ya 86 los arrestados en esta tercera fase, denominada Eduende, de la operación Edu. Según fuentes de la investigación, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido este jueves a 10 personas en Huelva y otras 4 en Sevilla relacionados con empresas adjudicatarias de subvenciones. Mientras, otras cinco personas han sido arrestadas en Córdoba dentro del ámbito del área de Empleo.

El pasado mes de febrero, la Policía activó la segunda fase de la Operación Edu, denominada Edu Costa, en la que se produjeron 31 detenidos y se desarrolló durante varios días principalmente en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería. En esta investigación, que afectó a 52 empresas por un fraude en los cursos de formación que asciende a tres millones de euros, había implicados cargos públicos municipales del PSOE y del PP. Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones, al estar relacionadas con el control y concesión de las ayudas.

Antes de esta fase, en la primera parte de la investigación del caso Edu se detectaron, entre otras supuestas irregularidades, falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se les concedieron los fondos e incumplimiento en la contratación de alumnos o anomalías en los partes de asistencia. Los agentes también determinaron en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.