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Sentencia demoledora

El caso ERE: el epílogo más duro para la derrota socialista

  • El PSOE andaluz tardará años en digerir una sentencia de esta dureza contra 20 años de gestión

El ex presidente andaluz José Antonio Griñán, este martes en la Audiencia de Sevilla.

El ex presidente andaluz José Antonio Griñán, este martes en la Audiencia de Sevilla. / EFE

La dura sentencia del caso de los ERE, conocida este martes, ha sido el peor de los epílogos para el final de los mandatos socialistas en la Junta de Andalucía. Un presidente, Manuel Chaves, y su sucesor, José Antonio Griñán, algo más de media historia del PSOE andaluz desde 1982, salen condenados. El primero, inhabilitado por prevaricación, y el segundo, a seis años de prisión por un delito continuado de malversación. Aunque ninguno de los condenados ocupa ni cargo público ni puesto orgánico en el PSOE andaluz, este partido necesitará de muchos años para digerir esta sentencia. Todas las responsabilidades políticas se fueron asumiendo con el paso de los días de instrucción, pero la argumentación socialista para ejercer el control sobre el actual Gobierno de Juanma Moreno se queda muy mermada.

El PSOE andaluz tardará años en digerir esta condena

Manuel Chaves ha sido el presidente de la Junta que más tiempo se ha mantenido al frente del Gobierno, casi 20 años, a los que hay que sumar los tres de José Antonio Griñán. Ambos fueron, además, ministros en el Gobierno de la nación -con Felipe González y Zapatero-, presidentes de la Ejecutiva federal del PSOE y secretarios generales del partido en Andalucía. Son parte esencial de la reciente historia andaluza. De ambos es Griñán quien sale peor parado, con penas de prisión por malversación. Ello se debe a que Griñán fue, antes que presidente, el consejero de Economía, y es precisamente ésa la línea roja que ha trazado el tribunal: condena con penas de prisión por malversación a los consejeros que intervinieron en torno a las ayudas de los ERE, que son las de Economía, Industria y Empleo. Pero es, además, eleva la responsabilidad hasta la altura que defendió la instructora Mercedes Alaya: hasta el Consejo de Gobierno. No con cárcel, pero sí con inhabilitación debido a un delito continuado de prevaricación.

Aunque ninguno de los condenados está en activo en la política, el PSOE andaluz sufre el peor de los varapalos después de que en diciembre de 2018 perdiese la Junta de Andalucía por una coalición de PP con Ciudadanos, y el apoyo de Vox. Las condenas de los ex presidentes y ex consejeros supondrá una dura losa con la que tendrán que cargar los actuales responsables del PSOE andaluz, no ya por su implicación, sino por el peso de la memoria. 

La ex presidenta Susana Díaz, hoy secretaria general del PSOE andaluz, no tuvo cargo alguno en el Gobierno andaluz durante los hechos juzgados, y en el partido ocupaba diversos cargos en la provincia de Sevilla. Fue elegida a propuesta de Griñán y, después, refrendada en las urnas por los militantes socialistas. En el debate diario, tendrá que hacer frente a la pérdida de la Junta y a las alusiones a la sentencia. Susana Díaz no ha valorado la sentencia, dejó que fuese su secretario de Organización, Juan Cornejo, quien pusiese el rostro; del mismo modo, en Ferraz compareció José Luis Ábalos.

La posición para la dirección andaluza es terrible. La sede socialista de San Vicente es un funeral, y no sólo por el afecto que se mantiene hacia las personas condenadas y, en especial, a los ex presidentes andaluces. La actual Ejecutiva andaluza no está formada por personas de aquella etapa, pero el partido queda lastrado por lo que debería ser su aval: la gestión de la Junta. A nivel nacional, tanto PP como Ciudadanos intentarán establecer el paralelismo con la sentencia del caso Gürtel y la moción que le costó el Gobierno a Mariano Rajoy. Sánchez no tuvo relación alguna con la Junta en todos esos años, y fue él quien más presionó para que Chaves dejase su escaño en el Congreso.  

Además de los ex presidentes, sale condenado Gaspar Zarrías, que ha sido una de las personas con mayor mando en la Junta después de Manuel Chaves durante más de una década. Fue secretario general del poderoso PSOE de Jaén. Y antiguos consejeros de mucho peso arrastran penas de prisión: los de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; la de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el de innovación Francisco Vallejo. Viera también lideró al PSOE en la provincia de Sevilla.   

Avalada la acusación de Alaya

El tribunal ha avalado, casi al cien por cien, la tesis de Mercedes Alaya: era el Gobierno andaluz, en último término, el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves el que daba el visto bueno a las ayudas por dos motivos, porque las colocaba en el proyecto de Presupuestos anuales de la Junta y porque aprobaba las modificaciones presupuestarias cuando la partida se agotaba. Este aspecto es esencial para los casos de Chaves y del consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, otro de los hombres claves de los últimos 30 años del socialismo andaluz.

La sentencia dice que la decisión de conceder las ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno andaluz en su conjunto. Éste pudo ser el talón de Aquiles de la tesis de Mercedes Alaya y el tribunal ni roza esta parte ósea. Desde ese punto de partida se explican las duras condenas contra José Antonio Griñán, del que el tribunal asegura que "era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó". A su Consejería fueron enviados los reproches que realizó el interventor general y los informes del control financiero de las empresas públicas.

En ese sentido, explica el ponente que el Gobierno andaluz conocía las irregularidades porque el Presupuesto que enviaba cada año al Parlamento no describía bien, sino de modo falso, los ingresos del Instituto de Fomento Andaluz, que era la entidad pagadora. Las ayudas a los trabajadores de los ERE creaba desfases que debían ser reparados por la Consejería de Hacienda y, en última instancia, por el Consejo de Gobierno. 

 

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