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Andalucía

El juez señala al Arzobispado como responsable civil en el caso Romanones

  • El instructor del escándalo de abusos sexuales en una parroquia de Granada resalta que se produjeron por la condición de sacerdotes de los imputados y que la Iglesia no ejerció su vigilancia

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, vuelve a estar en el ojo del huracán por el llamado caso Romanones, cuyo instructor resalta el vínculo de sus principales actores con la iglesia granadina. Por ello, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada declaró ayer la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado en relación al caso de los presuntos abusos sexuales cometidos por varios sacerdotes pertenecientes a esta diócesis. En su auto, el magistrado Antonio Moreno considera que los hechos denunciados se produjeron por la condición de sacerdotes de los imputados, y que como tales dependen directamente del Arzobispado de Granada.

El escrito del juez apunta que "precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial de San Juan María Vianney". De hecho, el auto recuerda que el grupo de sacerdotes y laicos adultos cometió presuntamente los hechos "sobre menores especialmente vulnerables, captados para y en la sede parroquial".

El fallo del juez Moreno, que recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo y protocolo de la propia Iglesia Católica -cita expresamente la carta del Papa Francisco a los presidentes de las Conferencias Episcopales en la que aseguraba que el "corresponde al obispo diocesano y a sus superiores mayores la tarea de verificar que en las parroquias y en otras instituciones de la Iglesia se garantice la seguridad de los menores y los adultos vulnerables"-, considera que se cumplen todos los requisitos para la declaración de responsabilidad civil del Arzobispado "por culpa in eligendo como in vigilando y por el lugar del que parten en relación de causalidad los actos de índole sexual".

El auto es bastante claro: el Arzobispado, a través de su máximo representante, "habría incumplido con los actos de vigilancia, policía o seguimiento necesarios" para evitar los abusos por parte de un grupo de sacerdotes "muy conocido" en una ciudad como Granada y que se encontraba "bajo su autoridad".

El juez Moreno reconoce que la mayoría de los actos denunciados se realizaron en casa de los sacerdotes, pero insiste en que los hechos se produjeron por su en relación a su condición de sacerdotes. "No cabe duda de que los imputados [entre los que se encuentran diez sacerdotes y dos seglares], y especialmente el padre Roman, "cabeza visible del grupo de sacerdotes y cura-párroco" de la víctima, se "aprovecharon" de su condición como monaguillo en la iglesia de San Juan María Vianney y de su "ascendencia" sobre el denunciante, "invitándole a dormir en su casa y a participar en actos comunales del grupo, precisamente prevaliéndose de su condición de sacerdote y párroco".

Estos son los argumentos de los que se ha valido el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada para declarar la responsabilidad civil del Arzobispado, cuya cuantía se determinará "en el momento procesal oportuno". Contra esta resolución cabe recurso de reforma, que tendrá que ser interpuesto en el plazo de tres días.

La acusación particular en la causa había solicitado en dos ocasiones la declaración de responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado para que sea responsables de las posibles indemnizaciones que se acuerden en caso de condena. En su momento esta petición no fue atendida por el juzgado a la espera de que se practicaran el resto de las diligencias. De hecho, en el auto del Juzgado de Instrucción 4 se apunta que la decisión llega "una vez que ha sido recibida la documentación eclesiástica reclamada". El abogado del primer denunciante, conocido por el nombre ficticio de Daniel, también solicitó en su momento que el juzgado llame a declarar como testigo al arzobispo, una solicitud que de momento no ha sido acogida.

El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el padre Román, líder del grupo, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos. Todo se precipitó después de que un joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

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