El presidente de la asociación andaluza de residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidarios (Lares), José Ignacio Santaolalla, expuso ayer al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, la grave situación financiera por la que atraviesan sus centros. Santaolalla hizo hincapié en que "es imposible mantener la calidad de los servicios prestados, y ni siquiera podríamos garantizar a medio plazo la pervivencia de nuestros centros". El problema afectaría a más de 7.000 ancianos en toda Andalucía.

El déficit que padecen las residencias de Lares, una asociación sin ánimo de lucro, se manifiesta en una doble vertiente. Por una parte se hallarían los ancianos en situación de dependencia, a quienes la Ley ha otorgado la categoría de grandes dependientes. En 2006, con motivo de la aprobación de la Ley de Dependencia y a través de un estudio realizado por una consultora externa, Lares Andalucía estimó que el coste diario por plaza oscilaba entre los 40,70 y los 61,14 euros, en función del número de residentes y de las características del centro.

"Sin embargo, el precio máximo de concierto establecido por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social para un usuario asistido ascendía ese mismo año a 43,51 euros diarios; esto supone una diferencia superior a los 17,50 euros con respecto a la situación mayoritaria de nuestros centros asociados", explicó Santaolalla.

La brecha ha ido aumentando en los dos últimos años, "pues mientras que los precios de concierto sólo se han revalorizado con el IPC, los costes salariales han evolucionado según lo previsto en el convenio colectivo, del que la Administración tiene perfecto conocimiento", añadió Santaolalla.