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Rescate Julen en Totalán

El pozo en el que cayó Julen carecía de permisos

  • Ni en la Junta ni en el Ayuntamiento de Totalán consta autorización alguna para perforar en busca de bolsas de agua subterránea 

El pozo tiene apenas 25 centímetros de diámetro

El pozo tiene apenas 25 centímetros de diámetro / EP

El pozo a través del cual se pretendía extraer agua para una finca privada y por el se precipitó Julen el pasado domingo carecía de permisos para realizar el sondeo.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han confirmado que no se había solicitado autorización para llevarlo a cabo.

Tampoco tenían constancia en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de la que depende el área de Minas, que es donde previamente hay que presentar el proyecto técnico elaborado por un ingeniero de minas. 

La Ley de Aguas de Andalucía obliga a sellar las prospecciones que quedan inutilizadas

Por otra parte, según han contado fuentes municipales, al Ayuntamiento de Totalán no llegaron nunca con los preceptivos permisos que dependen de la administración autonómica para iniciar el sondeo en el agujero en el se realiza el rescate de Julen.

La normativa al respecto, según han recordado, establece que este “tipo de actuaciones tiene que autorizarlas primero el área de Minas y el de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas”. Ninguno de esos permisos se tramitó.

La perforación para encontrar alguna bolsa de agua subterránea concluyó el 28 de diciembre, en mitad de las vacaciones navideñas. Esta misma normativa, según indicaron, exige que cualquier prospección que pueda quedar abandonada al no encontrar agua sea sellada inyectando material de relleno o con hormigón y que quede cubierta “con una arqueta o con una placa en ningún caso con una piedra”.

Éste último método fue el empleado por el pocero del Dolmen del Cerro de la Corona, según declaró ante la Guardia Civil. La Ley de Aguas de Andalucía, que es la que obliga a sellar las prospecciones que quedan inutilizadas establece que no hacerlo, supone para el propietario una infracción grave que podría conllevar sanciones de entre 6.000 y 300.000 euros.

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