La inmigración no es un hecho pasajero. No lo es en Andalucía, una región que tiene unos 725.000 extranjeros inmigrantes en el censo (un tercio de ellos europeos). Pero antes de que cada uno de estos nombres cuente para algún registro oficial y la Administración pueda prestarle su ayuda han pasado por la incierta travesía de la inmigración irregular.

Cada año más de 100.000 personas tratan de llegar a la Unión Europea de manera ilegal a través de vías peligrosas que, en los últimos 20 años, se han cobrado 20.000 vidas antes de llegar a las costas del viejo continente. El trágico episodio de los 15 inmigrantes subsaharianos que fallecieron ahogados en las aguas que rodean el espigón de la playa del Tarajal en Ceuta -en unas circunstancias que han levantado en España y en Bruselas una fortísima contestación a la labor del Ministerio de Interior y que serán analizadas mañana en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo- es el capítulo más reciente de un fenómeno imparable. Por muy altas que pongan las vallas, por tantas cuchillas que coronen la malla que separa el primer mundo de la miseria, por mucha política represiva que aplique Europa, la desesperación de África no se detendrá en las lindes de un mapa, coinciden todas las voces consultadas.

Pese a que el foco está puesto ahora en la frontera de las ciudades autónomas -con sus poblaciones y las Fuerzas de Seguridad del Estado absolutamente desbordadas-, no es ésta la principal vía de entrada. Lo recuerda Alba Doblas, portavoz en la Comisión de Justicia e Interior por Izquierda Unida en el Parlamento andaluz: "La inmigración que viene por pateras que llegan a las playas de Cádiz o la que se ve en Ceuta y Melilla es mucho menor que la que viene por avión, y no se va a acabar por muchas cuchillas que pongan". En términos numéricos, la inmigración que llega del África negra -ésa que hoy ocupa las portadas y llena los informativos- es "anecdótica". El 50% de población irregular es, con la teoría en la mano, todo aquel ciudadano europeo, rumanos principalmente, "sin los permisos de residencia en regla", seguidos por marroquíes y la población procedente de América: ecuatorianos, colombianos y argentinos.

Si nos centramos sólo en los movimientos en el Mediterráneo -la principal vía hacia Europa-, según datos de la agencia Frontex, por el Mediterráneo Occidental -que comprende Canarias, las ciudades españolas en el Norte de África y los 800 kilómetros de costa del litoral andaluz-, llegaron de manera irregular 6.400 personas en 2012. Mientras por la ruta central (la costa italiana) entraron unas 10.380 personas y por la oriental (principalmente Grecia) unas 37.220. Otro mito desterrado: la frontera sur no es el primer pasillo de Europa aunque sí uno importante.

En pleno debate sobre las muertes del Tarajal, Migreurop -una red europea formada por 42 organizaciones, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha)- se ha personado como acusación particular por los 15 fallecidos del Ceuta y "reclama un replanteamiento de las políticas migratorias de la UE, que están en el origen de estos acontecimientos y que han mostrado no servir para lo que dicen pretender", en palabras de su coordinador de Inmigración, Carlos Arce.

El debate se ha avivado en España con estas muertes sobre un tablero complejo: cómo custodiar las fronteras nacionales, la permisividad estatal con las devoluciones en caliente (la expulsión inmediata a territorio marroquí de los que logran saltar al otro lado), la existencia de centros de internamiento que en la práctica son cárceles para sin papeles por irregularidades administrativas y el bloqueo del Gobierno, que exige una mayor implicación de la Unión Europea en el triángulo que conforman Ceuta, Melilla y la costa de Cádiz como puerta a Europa son algunas de las patas de este asunto. En definitiva, lo que se plantea es la necesidad de una política de Estado que revise la política migratoria de todas las administraciones en su conjunto "porque la cuestión no es la valla o las pateras, es qué hacer después; una política migratoria no se puede basar en que no se mueran las personas", opina Arce. A todo esto se suma la respuesta que Europa debe dar a dos paradojas de su proyecto: en una sociedad cada vez más envejecida sólo la presencia de nueva población podrá mantener las economías de los países miembros y, por otro, si los estados recortan en cooperación las economías del Tercer Mundo nunca saldrán a flote y la presión migratoria irregular no cesará nunca.

La presidenta de la Junta de Andalucía señaló en esta dirección en el discurso del 28-F, se desconoce si como simple juego de artificio o como una verdadera preocupación de su Gobierno, cuyas competencias van desde la atención primera a una política eficaz de integración. "Andalucía -leyó Díaz- se juega mucho como frontera sur de Europa; apostamos por unas políticas de acuerdo y cooperación de una Europa que debe de expandirse también hacia el sur".

Pero, ¿qué papel ocupa Andalucía en este debate? Desde el punto de vista de las atribuciones autonómicas, por ejemplo las políticas sociales, sanitarias y educativas, la Junta se maneja con un programa -II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, 2006-2009, dotado con 1.177 millones de euros- que expiró hace cinco años. Desde entonces, desde una perspectiva transversal, no se ha vuelto a revisar la inmigración en la comunidad, aunque, según Doblas, "ya se ha recibido aviso de la Consejería de elaborar el nuevo plan".

Aparte de este retraso, sorprende la falta de coherencia del Ejecutivo andaluz al respecto de cómo quiere afrontar y tratar a la población inmigrante. "Ahora los inmigrantes dependen de la Consejería de Justicia e interior. Es de subrayar que han pasado de estar en Empleo y Bienestar Social a depender de Interior. Es un cambio bastante revelador" que denota, en opinión de Doblas, "la política represora" que impera al respecto en el Ejecutivo andaluz. Por mucha floritura con que se adorne el discurso, el Gobierno autonómico calca en Andalucía el modelo de cómo se entiende la inmigración en España y en Europa: ya no se trata con una perspectiva social y de empleo, sino como un problema.

En la misma línea se pronuncia María Sacramento, portavoz de Inmigración del PP-A en el Parlamento: "La Junta y el PSOE se ha dedicado siempre a colgarse medallas en materia de inmigración, un tema que utilizan con una demagogia escandalosa. Están tan perdidos que ahora las competencias de inmigración residen en Justicia, después de pasar por Asuntos Sociales, Empleo y Gobernación. ¿Por qué este baile de las competencias? Tanto sindicatos como asociaciones no están de acuerdo en que las competencias hayan sido trasladadas a Justicia", opina.

Sobre la viabilidad de este marco de actuación, Clara Aguilera, secretaria de Ciudadanía del PSOE-A, confía en que la tercera edición del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía "esté listo en este primer semestre de 2014". A priori se antoja un plazo demasiado apresurado para un asunto de tanta complejidad que debe pasar por todos los trámites parlamentarios.

A la espera de un balance oficial de ese segundo plan de inmigración (un marco de trabajo que arrancó en 2001 que apostaba por la integración de los inmigrantes en la sociedad europea), la lectura de mínimos arroja sombras y algunas luces. Por eso, comenta Carlos Arce, antes de "explorar nuevas competencias" o incluso "plantear una reunión" del Ejecutivo andaluz a nivel europeo con la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, conviene "revisar lo que no se está haciendo". El portavoz de Apdha, subraya en el lado positivo de la balanza la "apuesta desde Andalucía por la política sanitaria: todo el mundo tiene acceso a la sanidad pública independientemente de su situación documental, como no ocurre en otras comunidades". Pero hay "amplísimos márgenes de mejora, por ejemplo: del salario social están excluidos todas las personas que no sean ciudadanas de la UE" -incluso un marroquí con permiso de residencia permanente no tiene acceso a esta ayuda-. Arce también propone "solventar los retrasos en la declaración de tutela de la Junta de los menores en situación de desamparo". Doblas adelanta además que espera que el tercer plan de inmigración "dé solución al problema de los asentamientos, especialmente preocupante en Huelva y Almería".

Resolver las trabas burocráticas para el acceso a guarderías de menores inmigrantes, realizar el seguimiento a los extranjeros que cumplen la mayoría de edad tras su paso por los centros de menores, abocados la mayoría a la marginalidad, y garantizar una vivienda digna son algunas de las peticiones en boca de este colectivo que están en manos de la Junta. Sacramento abunda en esta línea y pide a Díaz que "atienda los albergues y pague a los ayuntamientos en materia de inmigración "o que explique "por qué en 2013 se ejecutó un 31% del presupuesto destinado a inmigración".

Todas estas materias son cosa de la Junta. Otra cosa es el control de las fronteras, un asunto en manos del Estado en el que, según Aguilera, tanto el Gobierno andaluz como el PSOE "apoyan al Gobierno central" en un escenario en el que "la UE se implica poco".

Para Doblas, dentro de la coordinación interinstitucional del Gobierno con las comunidades en materia migratoria "Andalucía, por pura geografía, tiene que decir porque se está visibilizando un problema. Y la focalización de todos los medios económicos en el control fronterizo es un error absoluto".