Enero no ha sido un buen mes para el Gobierno andaluz. Susana Díaz tiene varios frentes abiertos, dentro del partido y en su gestión de la Junta, y prueba de que no se estaba manejando eficazmente es el reciente sondeo del Egopa, de la Universidad de Granada, que apunta a un recorte de la diferencia de intención de voto que mantiene con el PP y la generalización de que la sanidad es el segundo problema en importancia de los andaluces. En el interno, y contra todo pronóstico, Patxi López y Pedro Sánchez han desbaratado el calendario de la gestora al presentarse antes de dar comienzo el plazo oficial, y Susana Díaz mantiene su plan de no comunicar la decisión hasta el final, entre otras razones, por el temor a que el PP y Podemos la ataquen en el Parlamento andaluz a cuenta de sus planes nacionales. No es lo mismo lo interno que la gestión del Gobierno, pero están intercomunicados. Si va mal la sanidad, le replica la oposición, es por su dedicación a Ferraz, mientras que los pedristas siguen lanzando mensajes en las redes para agravar sus problemas en la gestión. Espada y pared. Ayer comenzó a salir de este dilema de prisionero.

El socio del Gobierno socialista, Ciudadanos, ha venido advirtiendo de que el equipo que negociaba la rectificación de la fusión hospitalaria de Granada, liderado por el viceconsejero Martín Blanco, estaba quemado, no por su preparación profesional, sino porque las relaciones estaban enconadas. Desde el verano, cuando comenzaron las negociaciones, el clima no se ha relajado, y van cuatro manifestaciones masivas.

Juan Marín habló con el consejero de Salud este fin de semana: había que cambiar

Un dirigente de Ciudadanos explicaba a este medio, antes de saberse las dimisiones, que Blanco era quien mandaba en este proceso, que la marcha atrás del proceso de fusión no estaba siendo creíble y que al consejero Aquilino Alonso le faltaba empuje para imponerse a la vieja escuela de dirigentes de la Consejería de Salud. Otra víctima política del proceso es la consejera que lo impulsó, María Jesús Montero, actual consejera de Hacienda, a quienes algunos de sus propios compañeros de Gobierno le señalan.

El líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha hablado este fin de semana con Aquilino Alonso en varias ocasiones, y el lunes adelantaba que solicitaría dimisiones si no se atendían a las quejas de sanidad. Marín no dio nombres, pero estaban sobreentendidos. A Martín Blanco, segundo de la Consejería, y a José Manuel Aranda, gerente del SAS, no se le cuestiona su profesionalidad, aunque uno de los líderes de la protesta, el médico apodado Spiriman, había convertido el primero en el epicentro de las críticas.

Un miembro del Ejecutivo sostuvo ayer que estos dos relevos estaban previstos desde hace días, mantiene que la presión de Ciudadanos no ha sido tan decisiva, pero está claro que los naranjas han terminado por desequilibrar la balanza. La propia presidenta le había dado un ultimátum a la Consejería de Salud.

Con estas dos personas fuera de la negociación y, lo que es más importante, con el decreto de las fusiones anulados, la Consejería puede volver a la casilla de salida de la gestión hospitalaria en Granada: dos hospitales, con sus servicios separados, dos comités de empresas, sendos equipos de jefes de servicios... La crisis de Granada ha durado demasiado tiempo, fueron cuatro manifestaciones y se anuncia una más para esta semana, pero el problema no se encapsuló en la ciudad oriental, como un reguero, el problema se traslado a Huelva y, por motivos diferentes, a Málaga, Cádiz y Jerez.

Díaz vuelve a contar con una oportunidad para solventar este asunto: las dimisiones quizás no fueran justas, pero sí necesarias para encarar el proceso de diálogo, que estaba roto, con otros interlocutores menos comprometidos con el pasado.