Una agente infiltrada de la Policía Autonómica se hizo pasar en 2005 por azafata de una agencia para comprobar si se respetaba la normativa en los accesos a la Alhambra y el Generalife . Durante su vigilancia encubierta, que se desarrolló entre octubre y diciembre, observó diversas "irregularidades" que ayer describió ante el tribunal que juzga el caso. La agente ratificó que vio entrar a grupos "sin entradas, con entradas recortadas y con más turistas de los que establecía la entrada".

La testigo asintió cuando fue preguntada sobre si el principal acusado, el guía Francisco C.J., y su hija Belén recibían una trato privilegiado por parte de oficiales y porteros del monumento. Ellos, a diferencia de otros, según dijo, "no tenían problemas" para entrar y "siempre tenían entradas". Es más, indicó que "a veces hacían esperar a otros grupos" para que pasaran ellos, que gestionaban la agencia Daraxatour, una de las dos empresas implicadas en el presunto fraude de venta de entradas al monumento.

Algunas de las preguntas de la defensa del principal acusado giraron en torno a su conocimiento de la normativa. Ella aclaró que sabía que los grupos no podían superar las 30 personas y que no podían entrar "más de 300 personas cada media hora", así como que "no se podían usar entradas individuales para grupos".