Un total de cinco periodistas han sido citados a declarar en calidad de testigos dentro de la investigación abierta por el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, Francisco de Asís Molina, en orden a aclarar las filtraciones a los medios de comunicación del contenido de las diligencias incoadas por la muerte de la joven Marta del Castillo Casanueva.

Según informaron a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, está previsto que estos cinco periodistas presten declaración en dependencias policiales a lo largo de este jueves, todo ello tras la orden judicial dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla.

El juez ordenó la apertura de esta investigación a solicitud del decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, y previo informe del Ministerio Fiscal. El objetivo de la investigación es "evitar la difusión pública del contenido de las actuaciones, especialmente de las transcripciones de las conversaciones de los imputados".

En la resolución judicial, además, se recuerda que la publicidad de las actuaciones sumariales está limitada en la fase de instrucción y se apela a la responsabilidad de los medios de comunicación para evitar en lo sucesivo la difusión de las transcripciones de las conversaciones de los imputados, especialmente las mantenidas en los centros penitenciarios, con el fin de que el procedimiento no se vea perjudicado.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ya apeló a la responsabilidad y al autocontrol de los medios de comunicación y les solicitó que no publiquen el contenido de las conversaciones intervenidas en los centros penitenciarios entre los letrados y los detenidos por la desaparición y asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo.

En declaraciones a Europa Press, Gallardo explicó que, a petición urgente del Colegio de Abogados, el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla acordó el pasado viernes requerir a todos los medios "a fin de que se abstengan en lo sucesivo de difundir las transcripciones de las conversaciones de los imputados, especialmente de las mantenidas en los centros penitenciarios, ello bajo apercibimiento de incurrir en delito si no lo hicieren".

Tras publicarse en diversos medios de comunicación transcripciones de conversaciones mantenidas en el locutorio del centro penitenciario por Miguel Carcaño --principal sospechoso del asesinato-- con su abogada, Gallardo remitió un oficio al Juzgado interesando que se requiriese a todas las partes para que preserven el secreto sumarial y, en especial, la confidencialidad de esas grabaciones, así como que se ordenase a todos los medios que se abstengan de difundir el contenido de las mismas por cuanto afectan al secreto profesional.

Además, Gallardo también solicitó del Juzgado que se remitiese al Colegio de Abogados testimonio literal de la resolución que hubiere autorizado esas escuchas, a fin de que esa corporación "pueda conocer lo escuchado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes en orden a velar por el derecho de defensa en su manifestación de secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".

La providencia en la que el Juzgado de Instrucción número 4 acordaba requerir para que en lo sucesivo los medios no difundan más transcripciones de esas conversaciones en las que intervienen los abogados se dictó a la vista del oficio remitido por el decano del Colegio y previo informe del Ministerio Fiscal.

La publicación de las conversaciones, "manifiestamente ilícita"

Gallardo consideró que la publicación de esas conversaciones "es manifiestamente ilícita y no puede ampararse en el derecho constitucional a transmitir información", ya que, al tratarse de conversaciones reservadas entre abogados y sus clientes, "gozan de un secreto reduplicado, puesto que al secreto propio de todo sumario se une en casos como éste el secreto profesional que conlleva la confidencialidad inherente a toda conversación entre los clientes y sus letrados".

Por último, consideró que dichas transcripciones "carecen de interés informativo y únicamente pretenden satisfacer el morbo malsano de parte de la ciudadanía", con lo cual "se incrementa aún más el dolor de unos padres destrozados por lo sucedido y vitalmente angustiados al no encontrar los restos de su hija".