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Andalucía

Los partidos negociarán para cumplir el fallo del TC sobre la Mesa sin echar a IU

  • PSOE, Ciudadanos y la formación de izquierdas proponen un acuerdo que permita conciliar la entrada de Patricia del Pozo en el órgano rector de la Cámara y la presencia de todos los grupos

La diputada del PP Patricia del Pozo será con total seguridad la secretaria segunda del Parlamento, pero todavía no queda claro cuál será la composición de la Mesa de la Cámara después de su inclusión. Los cinco grupos políticos se mostraron ayer partidarios de negociar para modificar el reglamento del legislativo y todos, excepto los populares y Podemos, abogaron de forma expresa por avanzar hacia una Mesa que cuente con la presencia de Del Pozo, pero también con un representante de IU.

De esta forma se podría conciliar la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho de la diputada del PP a estar en la Mesa con el artículo 36 del reglamento del Parlamento, que establece que todos los grupos deben tener voz y voto en el órgano rector de la Cámara.

Pese a que todos coinciden en la voluntad de diálogo, sólo IU y Ciudadanos han presentado ya una propuesta concreta. En el caso de la coalición de izquierdas, pasa por aumentar de siete a ocho el número de miembros de la Mesa, que ahora se compone de presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. Según el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, el reglamento deja "muy claro" que todos los grupos deben tener un representante en el órgano, por lo que ve necesario "aumentar el número de secretarías para garantizarlo".

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, animó a los partidos a llegar a un acuerdo satisfactorio para todos, pese a que el asunto no se trató en la reunión de la Mesa celebrada ayer. Sí explicó Durán que el Alto Tribunal "ha decidido que por encima del derecho a la representatividad de los grupos en la Mesa está el derecho individual y personal de la señora Del Pozo (...) y con ello desplaza a José Antonio Castro".

Durán reveló que el fallo del Constitucional deberá cumplirse tan pronto como se publique en el Boletín Oficial del Estado. Si eso ocurre antes de que se alcance la solución del conflicto, el perjudicado será Castro, quien opinó que si su grupo es expulsado de la Mesa "se estarán conculcando los mismos derechos que dice la sentencia que se han conculcado a la diputada del PP".

El PSOE y Ciudadanos apostaron ayer por encontrar una fórmula para evitarlo. El portavoz parlamentario del partido naranja, Juan Marín, insistió en su petición de modificar el reglamento y propuso una Mesa con un representante por grupo y el voto ponderado en función de los apoyos electorales, pero manifestó que le parece "poco participativo y poco democrático" que IU pueda quedarse fuera del órgano.

Los socialistas apostaron por buscar "una fórmula que no perjudique a nadie" - en referencia a la expulsión de la Mesa del representante de IU- y con "el consenso más amplio posible". El portavoz del PSOE en la Cámara autonómica, Mario Jiménez, reconoció que "se abre la necesidad de adaptar el reglamento a la interpretación que ha hecho el Constitucional", pero no dejó pasar la ocasión de recordar que el recurso del PP ha provocado "la exclusión" de otro grupo, una situación "que no ha ocurrido nunca". En términos similares se pronunció el también socialista y vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, al asegurar que "quien ha echado a IU de la mesa es el PP con su recurso".

"El PP no echó a nadie, sino que lo echaron", replicó poco después la portavoz popular en la Cámara, Carmen Crespo, que culpó al PSOE del conflicto provocado por la interpretación del reglamento del Parlamento realizada por el presidente de la Mesa de Edad de la sesión constitutiva de la legislatura, Luis Pizarro. Según Crespo, el objetivo de los socialistas era "tener una mayoría falsa en la Mesa que no le han dado las urnas" para poder controlar el órgano rector de la Cámara autonómica.

La política almeriense denunció que en el último año y medio "se han vulnerado los derechos fundamentales en el Parlamento" y criticó "la hipocresía y el cinismo" de Jiménez Barrios por sus declaraciones. También cargó contra la actuación de Pizarro, que calificó como "un pucherazo y un atentado a la democracia" e instó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a que pida "disculpas por esta cacicada consentida durante diecinueve meses".

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