El Gobierno andaluz no aplicará definitivamente la retroactividad a la hora de regular la participación de las corporaciones locales en los tributos de la comunidad, y hará efectivo su desarrollo a partir de la fecha en la que la futura norma sea aprobada.

Así lo ha confirmado la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, tras la reunión del Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a la tramitación de los anteproyectos de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la Comunidad, una legislación "pionera" en España que reforzará las competencias, la autonomía y la suficiencia financiera de los municipios.

Ambos textos, que se remitirán al Parlamento andaluz antes de final de año, desarrollan una de las principales previsiones del Estatuto de Autonomía de Andalucía, abren un proceso de descentralización e implantan un nuevo modelo para avanzar en la autonomía y la mejora de la financiación de los 771 municipios de la comunidad, según la Junta.

"Estamos ante día histórico y ante leyes que dan respuestas a reivindicaciones de las corporaciones que se remontan a 1979", ha asegurado Luis Pizarro, el consejero de Gobernación, cuyo departamento ha diseñado la Laula con propuestas de la FAMP y los grupos parlamentarios andaluces.

La futura Ley de Autonomía Local de Andalucía establece una nueva arquitectura municipal en la comunidad al fijar unas 29 competencias propias de diputaciones y ayuntamientos, que la Junta ha decidido no difundir, lo que supone trece más que las fijadas en la Ley de Bases de Régimen Local. Se trata de otorgar a las corporaciones más capacidad de autogobierno, en lo que Pizarro ha definido como el "Estatuto de los ayuntamientos" y que supondrá "menos tutela, mayor capacidad de organización y más corresponsabilidad" en la gestión.

Igualmente, fija el procedimiento de transferencia y delegación de competencias, incluidas la denominadas competencias impropias, una de las principales quejas de los ayuntamientos, desde la Junta y garantiza que se realizará con los recursos necesarios. "Se refuerza" la financiación incondicionada  y, por tanto, la potestad de los municipios para decidir el destino de los recursos.

El anteproyecto de la ley reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma fijará la colaboración financiera con los ayuntamientos, los criterios de distribución y su evolución en base a los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.

La colaboración financiera será mediante la creación del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad, que comenzará a aplicarse en 2011 y respetará la autonomía de los municipios para decidir su destino. Este fondo también lo será de nivelación, ya que las partidas se distribuirán en función de unas variables de necesidad y de capacidad fiscal basadas en indicadores contrastables.

La titular de Economía de Economía, Carmen Martínez Aguayo, ha dejado claro ante los periodistas que esta futura ley no tendrá carácter retroactivo y que se aplicará cuando se apruebe, en torno a junio de 2010, y no desde enero de año que viene. Como variables de gasto se tendrán en cuenta la población, la superficie y el grado de dispersión urbana de cada municipio, mientras que las de capacidad fiscal harán referencia a sus principales fuentes de ingresos propios. No obstante, la ley incluirá una cláusula de garantía para que todas las entidades locales reciban, como mínimo, una financiación incondicionada superior a la que ya obtienen actualmente.

Actualmente, el Fondo de Nivelación Municipal asciende a unos 159 millones anuales, cantidad que se mantendrá en el presupuesto de 2010, aunque la Junta emplea otros 1.300 millones para el Plan de Cooperación Municipal.