Asimismo, la Cámara autonómica manifestó su apoyo a cuantas actuaciones ponga en marcha el Gobierno andaluz para garantizar el desarrollo de los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Además, el Parlamento aprobó instar al Gobierno andaluz a seguir aplicando, tanto los Reales Decretos1513/2006, de 7 de diciembre, y 1631/2006, de 29 de diciembre, como los Decretos 230/2007 y 231/2007,de 31 de julio (BOJA 8 de agosto), en el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria y educación secundaria en Andalucía.

Así, la diputada del PSOE-A Araceli Carrillo advirtió de que "no hay espacio para el diálogo que no sea partiendo del cumplimiento de la Ley". De esta forma, dijo que "no hay duda de que la asignatura sigue plenamente en vigor porque la sentencia del TSJA sólo ha anulado consideraciones que no están en los contenidos curriculares de la materia".

En este sentido, Carrillo pidió esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo, a la vez que criticó que el PP-A esté exigiendo el "incumplimiento de una ley".

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Garrido lamentó el comportamiento del PSOE-A, que con esta iniciativa lo único que busca es "arremeter". Así, ironizó sobre el objetivo real de esta iniciativa que es "provocar", ya que "no viene a cuento". De esta forma, criticó que el Grupo Socialista rechace la enmienda presentada por el PP-A en la que se apuesta por "el diálogo y pedimos trabajar por el consenso".

En este sentido, Garrido advirtió de que esta iniciativa "no tiene sentido", ya que "lo que debemos hacer es respetar a los tribunales". Así, dijo que esta iniciativa se presenta para "tapar otras cuestiones, como es la realidad del sistema".