La suspensión de la estrategia de fusiones hospitalarias y la apertura de negociaciones con los profesionales del sector no han servido de momento para aplacar las protestas contra la política sanitaria de la Junta. El próximo 15 de enero es la nueva fecha que se han marcado las plataformas críticas para tomar la calle y evidenciar su rechazo. Hasta el momento, se han convocado manifestaciones en Granada, Málaga, Huelva y Sevilla, todas ellas auspiciadas al margen de los sindicatos y de partidos políticos.

La plataforma ciudadana Huelva por una sanidad digna insistió ayer en que mantiene la convocatoria pese a las mejoras anunciadas el pasado miércoles por el gerente del SAS, José Manuel Aranda, tras reunirse con los sindicatos. La representante de la plataforma, la doctora Julia Paloma Hergueta, calificó este anuncio de "paripé" por lo que reclamó "más hechos y menos palabras". Hergueta aseguró que "mientras no se reúnan con la plataforma no podemos ir más allá porque nos hemos enterado por la prensa". "La reunión de esta semana ha tenido como objetivo desactivar la movilización prevista para el día 15 y que se va a desarrollar en varias provincias andaluzas", incidió la representante de la plataforma onubense.

Desde el SAS se ha programado toda una batería de medidas que incluyen desde la construcción de una UCI pediátrica en Huelva, hasta equipamiento para nuevas pruebas diagnósticas que actualmente no se pueden hacer en la provincia y que provocan el desplazamiento de pacientes hacia Sevilla. El delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, expresó ayer su confianza en que estas mejoras "tengan su repercusión" en los convocantes de la marcha. Romero subrayó que la Consejería de Salud demuestra así "el trabajo de colaboración y entendimiento con representantes y profesionales".

Salud mantiene el recurso interpuesto el pasado mes de diciembre ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJA que anula el proceso de fusión hospitalaria en Huelva. Sin embargo, el gerente del SAS confirmó a los representantes sindicales que se plantea retitarlo, tal y como dijo la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en sede parlamentaria cuando fue preguntada sobre la situación sanitaria en Huelva el pasado 15 de diciembre.

La sentencia del TSJA fue fruto de un recurso presentado por la vía contencioso-administrativa por el sindicato CSIF. El TSJA entendió que el proceso de fusión hospitalaria quedaba anulado dado que se había efectuado sin contar con el diálogo de los representantes de los trabajadores.

En Málaga, el convocante de la marcha es Jonathan Andrades, que ya organizó el pasado 27 de noviembre otra manifestación bajo el lema Málaga por una sanidad digna. Andrades explicó ayer que el próximo 15 de enero exigirá el aumento en inversiones de infraestructuras y dotación de personal, y pondrá de manifiesto que la situación de los hospitales públicos "ha empeorado" desde la última convocatoria reivindicativa.

La Junta nombró el pasado 21 de diciembre a un nuevo gerente del Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Para el líder de la plataforma, su designación supone "reconocer que ha habido una fusión hospitalaria en Málaga, algo que siempre habían negado cuando salimos el 27 de noviembre". Sin embargo Andrades reconoció que esta integración no llegó al nivel de la acometida en Huelva o Granada. "Pero sí ha existido y ha sido dañina para los intereses de los pacientes y especialistas", recalcó.

En el caso de Sevilla, la plataforma de la Atención Temprana ha convocado una manifestación con el lema Por una sanidad sin recortes que partirá del palacio de San Telmo y llegará hasta la Plaza Nueva.

Sin embargo, donde se espera una mayor afluencia es en Granada, núcleo de las protestas tras dos grandes manifestaciones y tres concentraciones multitudinarias. Su inspirador, el doctor Jesús Candel, más conocido como Spiriman, avanzó además el pasado miércoles que piensa dar otra vuelta de tuerca y plantear una batalla judicial. Candel comunicó que va a crear una asociación denominada Justicia por la Sanidad que tendrá como objetivo llevar a los tribunales todas las irregularidades que ha denunciado en los últimos meses a través de las redes sociales.

Para poner en marcha esta asociación, que contará con la colaboración del abogado ex fiscal Anticorrupción Carlos Castresana, Spiriman tiene previsto abrir un número de cuenta para que todos los interesados hagan donaciones con las que sufragar las costas.