Como las comparecencias de la comisión de investigación sobre la formación están ofreciendo pocas conclusiones claras -la principal es que existió cierto descontrol en la concesión y seguimiento de los cursos- y sí mucha terminología burocrática y confusión, la oposición y el Gobierno andaluz decidieron ayer pasar al enfrentamiento directo. El motivo, de nuevo, fue el envío por parte de la Junta de la documentación que los grupos solicitaron hace meses tras su aprobación por unanimidad.

La oposición mostró su disconformidad con la falta de mucha de la información pedida, por lo que están teniendo que interrogar a los comparecientes sin datos suficientes. Esta situación se ha manifestado con claridad con el paso de los ex directivos de Faffe por la Cámara. Según denunció ayer el PP, la información pedida sobre esta fundación del Gobierno andaluz llegó ayer al Parlamento, justo tras finalizar el turno de interrogar a los ex responsables del ente público.

En señal de protesta, PP y Podemos no utilizaron sus turnos de preguntas al empresario José María Pérez González, presidente de una de las empresas beneficiarias de la concesión de cursos e investigado por la juez Núñez Bolaños. El diputado popular Miguel Ángel Torrico señaló que la información sobre este caso en concreto se le pidió a la Junta hace cinco meses. Explicó que el Ejecutivo ha enviado tres "expedientes menores" por un importe global de unos 150.000 euros cuando la causa judicial "habla de millones de euros". Torrico anunció que estudiarán si la "continua obstrucción y dilación" de la Junta es aplicable el Código Penal.

La Junta mostró su voluntad de colaborar con la comisión de una manera "razonable". El portavoz, Miguel Ángel Vázquez, defendió que fotocopiar los más de 27 millones de folios que suponen los 18.499 expedientes que afectan a la formación supondría más de cinco años. También afirmó que hasta la fecha se han remitido a la Cámara autonómica unos 600.000 folios, que han "sido fotocopiados y ordenados" gracias al esfuerzo de los empleados públicos.

Vázquez recordó que estos documentos públicos sólo pueden ser fotocopiados en las instalaciones de la administración y que con las fotocopiadoras más potentes que tiene la Junta podrían hacer 2.500 folios a la hora, lo que supondría 10.869 horas de trabajo para fotocopiar los más de 27 millones de folios. Esa cantidad de horas supondría 452 días de trabajo -24 horas al día, los siete días de la semana-, pero que los funcionarios públicos tienen jornadas laborales de 37,5 horas a la semana, con lo que harían falta casi 290 semanas para poder fotocopiar todo el material.

Vázquez ofreció a los diputados que acudan a las consejerías a consultar la información. También propuso que se remita el documento original bajo la custodia de un funcionario para que sea consultado en el Parlamento. Ambas propuestas ya fueron realizadas por la Junta y rechazadas por la comisión.