Sólo Ciudadanos está satisfecho con la propuesta de dictamen redactada por Julio Díaz, presidente de la comisión que investiga si hubo fraude en la gestión de las subvenciones concedidas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo. El resto de grupos de la oposición insiste en la necesidad de incluir a Susana Díaz en la lista de responsables políticos por su decisión de mantener la paralización de estas políticas que impulsó su predecesor en San Telmo, José Antonio Griñán, y por el procedimiento seguido por la Administración autonómica durante las primeras fases de la investigación en la Cámara.

La portavoz parlamentaria del PP, Carmen Crespo, señaló directamente a la presidenta de la Junta por la ausencia de convocatorias de cursos de formación desde mayo de 2012, pero también "por no facilitar la documentación" ni a la comisión parlamentaria ni a los magistrados que lo requerían en la investigación judicial. Crespo también responsabiliza a Díaz por "no perseguir el fraude" y "no buscar que los ciudadanos recuperen el dinero defraudado". "Ha obstaculizado la verdad", apostilló.

Díaz dijo en comisión que ordenó suspender los cursos por el follón mediático y judicial"

Las fuerzas de izquierda coinciden en el diagnóstico, aunque no en la valoración. El parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe habló de "decepción previsible" en referencia a la ausencia de Díaz en el escrito presentado el lunes por el presidente de la comisión. El diputado de la formación morada considera que el texto "excluye la actualidad" y carga todo el peso de las irregularidades a "políticos ya jubilados". "De la política activa debe responder Susana Díaz, quien dijo en la comisión que fue ella la que ordenó suspender los cursos de formación a la vista del follón mediático y judicial", añadió Moreno Yagüe.

En IU, sin embargo, se mostró satisfecha porque la propuesta de Julio Díaz responsabiliza a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, pero echó en falta que se reconozca "la tardanza de tres años largos" que se tomó Díaz para reactivar las convocatorias de cursos de formación. La diputada izquierdista Elena Cortés señaló a la actual jefa del Ejecutivo y a su consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, por una paralización que sigue vigente.

Ciudadanos valoró positivamente la labor de Julio Díaz y se contentó con incluir únicamente a Chaves y Griñán en el dictamen. Marta Bosquet, diputada de la formación naranja, sí reconoció en rueda de prensa que la decisión de Susana Díaz de mantener la paralización de los cursos ha supuesto un "perjuicio social a los andaluces". Pero sí dejó claro que la presidenta no formaba parte de los gobiernos implicados en las irregularidades.

Los representantes del PSOE en la comisión de investigación, Rodrigo Sánchez Haro y Marisa Bustinduy, tampoco se mostraron satisfechos con el texto de Julio Díaz. Pese a que Carmen Crespo aseguró que el dictamen "está pactado con el PSOE", los diputados socialistas echaron en falta que el documento reconozca de forma explícita "que no ha habido una trama organizada para delinquir", expuso Bustinduy, ni "un entramado empresarial cercano al PSOE", dijo Sánchez Haro, quien también criticó que el documento "se basa en generalidades" y plantea "conclusiones en abstracto".

Para que el dictamen salga adelante debe contar con mayoría en el Pleno que previsiblemente lo abordará los días 29 y 30 de marzo. Los grupos tienen hasta el 27 de febrero para presentar sus enmiendas, pero si todo sigue como hasta ahora, el acuerdo queda bastante lejano. La intención del presidente de la comisión de investigación de buscar el consenso no es más que una quimera.