Desde hace décadas la Junta de Andalucía reclama a los municipios que definan cuántas viviendas ilegales tienen en su territorio. En 2012, la Junta ofreció instrumentos para dotar con servicios básicos de luz y agua ("regularizar, no legalizar") a las viviendas ilegales que se encuadran en asentamientos urbanísticos, a los hábitats rurales diseminados o a las edificaciones aisladas, pero antes los municipios tenían que diagnosticar esta situación. Sólo 60 municipios, un 7,8% han aprobado los avance de planeamiento que permiten regularizar estas situaciones.

Ahora la Junta planea conceder dos años máximo a los ayuntamiento para que hagan este diagnóstico o, de lo contrario, será la Administración autonómica la que decida qué viviendas pueden optar a esta regularización. Este plazo era una de las novedades que a última hora de la tarde barajaban los redactores del decreto que aprobará hoy el Consejo de Gobierno y que permitirá acogerse a esta regularización a las viviendas construidas en parcelaciones, bajo unos requisitos. El anuncio de modificar otra vez la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) lo hizo la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el Debate sobre el estado de la Comunidad y contó con el voto negativo de IU. Un grupo de trabajo ha pulido las diferencias entre los partidos y, finalmente, el decreto recogerá que esas viviendas tengan un uso residencial y que no formen un asentamiento urbanístico.

Ecologistas en Acción criticó ayer que IU se ha terminado "apuntando al carro del urbanismo ilegal, que es fruto de la especulación y de la corrupción urbanística". Fuentes de la negociación estimaron que, en total con las dos modificaciones de la LOUA, se regularizarán un 4% de las 500.000 viviendas ilegales, unas 20.000.