La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, lleva desde principios de año proclamando que el principal objetivo de su Gobierno es bajar "en breve", "en pocos meses", de la barrera psicológica del millón de parados. Registrados, se entiende, porque según la Encuesta de Población Activa (EPA) la región contaba con 1,4 millones de parados a final de septiembre. Y más bien parece una quimera reducir el paro a corto plazo en 400.000 personas.

El desempleo registrado, sin embargo, lleva todo el año rondando el millón, pero siempre por encima. En agosto estuvo a punto de bajar de esa barrera psicológica, pero se quedó en 1.018.432, y en septiembre y octubre el desempleo volvió a subir, hasta el punto de que en el último mes se sitúa en 1.044.155 parados, por encima incluso de la cifra con la que acabó 2013: 1.033.643.

Es previsible -y así ha sucedido en los últimos años- que el paro baje en noviembre y diciembre significativamente, pero es muy difícil, por no decir imposible, que el descenso sea de 45.000 personas. El año pasado se redujo en los últimos sesenta días del ejercicio en 15.364, y ya fue una cifra histórica, que no se conocía desde 1998. Estuvo muy condicionada por la agricultura y por la extraordinaria campaña del olivar, causante del 48,5% de la rebaja.

Este año, la campaña del olivar no será ni siquiera buena, y eso da pie a dar por sentado que Andalucía no bajará del millón de parados en 2014. Puede que el plan de la Junta para que ayuntamientos contraten a jóvenes menores de 25 años mejore algo la previsión, pero no parece que sea suficiente. De hecho, en la presentación de los Presupuestos para 2015, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ya aplazó el ansiado objetivo a 2015.

No extraña que tarde en llegar ese objetivo si tenemos en cuenta que el ritmo de reducción del paro en Andalucía -en el plazo de un año- es el menor de toda España, si exceptuamos Melilla. La región recortó un 2,33% el desempleo en octubre respecto al mismo mes de 2013, mientras que España lo hizo un 5,91%. Es decir, un ritmo 2,5 veces superior.

Y ello es así a pesar de que Andalucía crea empleo a un ritmo algo superior al español (2,19% en tasa anual frente a 2,02%). Eso quiere decir que la generación de puestos de trabajo, con 57.754 nuevos afiliados a la Seguridad Social en un año, supera con mucho a la reducción de los apuntados al Servicio Andaluz de Empleo, de 24.856 personas. La razón principal es que en Andalucía, a diferencia de otras regiones españolas, la población activa -aquella que tiene o busca trabajo- sigue subiendo, debido entre otras cosas a su relativa juventud con respecto a otras zonas y también a la situación de emergencia de muchas familias. Así, mientras en España la demanda de empleo baja, en Andalucía se han sumado 21.600 personas más al mercado en un año.

La cuestión, ahora, es saber si la región tiene capacidad para ir absorbiendo esa demanda. 57.754 nuevos empleos en un año parecen a primera vista pocos, por mucho que marquen un cambio de tendencia. Hay que tener en cuenta, además, que la evolución andaluza está muy condicionada por la agricultura, una actividad con una altísima temporalidad y que sólo contrata mano de obra de forma masiva en época de campaña. Curiosamente -y en gran parte debido al olivar- el sector primario ha sido la actividad que más empleo ha creado en el último año, 11.456 nuevos cotizantes entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014 . El problema es que la agricultura depende mucho del volumen de las cosechas. La campaña del olivar que viene -mucho menos productiva, en teoría, que la anterior- será una prueba del algodón para la evolución del empleo en Andalucía.

Los otros dos sectores que más han tirado del empleo en el último año también están muy vinculados a la coyuntura general. La hostelería ha generado 9.780 nuevos puestos de trabajo y el comercio 9.460. Entre los tres -agricultura, hostelería y comercio- concentran el 53,51% del empleo nuevo en Andalucía, en términos de afiliación. El cacareado nuevo modelo productivo no se percibe a simple vista, y son las actividades tradicionales -con excepción de la construcción, que sólo representa el 2% del empleo creado- las que tiran del carro, de nuevo. Sí es positivo -aunque se antoja insuficiente- que la industria manufacturera haya generado 5.343 nuevos puestos de trabajo, y que prácticamente todos los sectores que clasifica el Ministerio de Empleo aumenten el número de afiliados, con actividades administrativas (6.619) y educación (6.101) como motores secundarios. Sólo la Administración pública (-2.486), el sector financiero (-1.076) y de forma testimonial el sector de suministro de energía eléctrica (-4), pierden cotizantes. Algunas de las actividades que son apuesta de la Junta para el futuro no son aún una realidad de presente: la minería, por ejemplo, cuenta en total con 3.595 afiliados a la Seguridad Social. Casi nada en comparación con los 498.190 de la agricultura, los 457.951 del comercio, los 222.022 de la hostelería o los 222.460 de la sanidad.

Como afirmaba esta semana Alejandro Cardenete, director del departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, incluso recuperando la oferta de empleo inmediatamente anterior a la crisis la tasa de paro se mantendría en un nivel alto. Con la población activa actual, y un nivel de ocupados similar al de 2007 (3,2 millones, con la construcción en pleno apogeo) la región se situaría en torno al 20% de paro. Si no cambia la estructura productiva -y más allá de las intenciones no parece que varíe en demasía, a tenor de los fríos datos- Andalucía está condenada a un alto paro crónico.

El gran problema no es la dimensión del sector público -que no difiere demasiado, en proporción, del de otras regiones- sino el tamaño del privado. Cataluña, con menos población, cuenta con casi 600.000 trabajadores más en la actividad privada, según la EPA. Se podría pensar que, con el aumento de autónomos, por encima de la media nacional, hay lugar para la esperanza, pero el número de aquellos que crean empleo se ha reducido en el último año. A ello se le añade otra lacra: la altísima temporalidad del empleo, muy vinculada a la naturaleza de agricultura, comercio y hostelería. Aunque los indefinidos han aumentado en el último año, sólo el 3,70% de los contratos firmados hasta octubre son fijos, frente al 8,12% nacional.