La coordinación de medios técnicos y humanos contra el fuego es vital, pero si el incendio se da en una urbanización en pleno monte, esta es aún más necesaria. Lo importante es la vida humana y no la vegetal. Esta circunstancia se dio hace justo una semana en el siniestro más grave en lo que va de año en Andalucía, que calcinó 8.200 hectáreas en la provincia de Málaga. Las consecuencias no fueron mayores porque el Plan Infoca contó por primera vez con un instrumento estratégico: un mapa de identificación de las zonas con peligrosidad de incendio de interfase, es decir, las áreas más sensibles a este tipo de catástrofes por esa combinación de núcleo urbano y forestal. Un nuevo modelo de cartografía que permite conocer los elementos claves para la evacuación de la población y para la extinción analizando las características físicas y meteorológicas, y el riesgo histórico, así como edificaciones, vías de acceso, centros sanitarios y deportivos, instalaciones eléctricas, depósitos de agua y puntos de toma para medios aéreos, y que la Junta está perfilando en las ocho provincias. Ya están marcadas las áreas a estudiar y estarán listas para la campaña del próximo año.

En este reciente incendio de la Costa del Sol este tipo de información fue fundamental en la toma de decisiones, así como los simulacros llevados a cabo el pasado mes de febrero ya mapa en mano. Una prueba: cuando el fuego estaba a las puertas de dos urbanizaciones aisladas como las de Barranco Blanco y La Mairena, ¿era mejor la evacuación o confinar a los residentes en un área segura y destinar todos los equipos a atacar el fuego? En ambos casos, la altura de las llamas fue lo que determinó la conveniencia de optar por lo segundo, según explicaron fuentes del Infoca. Los dos metros de altura, en lugar de los 6 u 8 metros que ordenan el inmediato desalojo, ayudaron a decidir. Unas llamas de esa envergadura se pueden atajar sin problema con medios terrestres y una evacuación por una sola vía es compleja, el nerviosismo puede empeorar la situación si se produce, por ejemplo, un atasco de vehículos. Otro factor que midió la utilidad de este mapa fue la localización de piscinas, depósitos y lagunas en campos de golf que sirvieron para que los helicópteros pudieran abastecerse de agua de manera inmediata y no tener que emprender el vuelo a un pantano más lejano y perder minutos que pudieran ser cruciales.

La preparación de estas cartas es muy laboriosa. La geografía andaluza está salpicada de urbanizaciones legales e ilegales, escondidas entre masas forestales, y se debe tener un conocimiento al milímetro. Para lograrlo, no sólo está trabajando la Consejería de Medio Ambiente, a través de personal del Infoca, sino que también está implicada en esta tarea la Consejería de Justicia e Interior, que colabora con técnicos de Emergencias 112 y del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). Y la implicación de los ayuntamientos también es determinante. La presión a la que les ha sometido el Infoca los últimos años ha favorecido que de los 585 municipios que están catalogados de zona de peligro común, hasta 462 tengan aprobados sus planes locales de emergencia por incendios forestales (Pleif) y que 101 lo tengan en fase de revisión -se actualizan cada cuatro años-, restando 22 que están ignorando la normativa vigente. En estos pleif, además, tienen que estar los planes de autoprotección de esas urbanizaciones dispersas lo que, en definitiva, es el embrión de estos mapas interfase.

Que sea Málaga la primera en tenerlo no es fortuito. El turismo en la Costa del Sol ya no está tan a pie de playa, sino que se aísla en núcleos en los que sus residentes prefieren estar rodeados de montes, árboles y silencio; un privilegio con riesgo. De ahí que se adelantara en contar con esta cartografía que ha contribuido a que, en lugar de las 13.500 hectáreas que podían haber ardido, sean 8.200. Una cifra negra que ha dado un vuelco a la estadística de este 2012 que iba por debajo de años anteriores, ya que hasta el 29 de agosto sólo habían ardido 3.463 hectáreas, pero que ahora supone batir la media de 10.000 hectáreas del último decenio -según datos del Ministerio de Medio Ambiente-.