Él y su familia fueron sometidos a una vigilancia especial. No se permitían visitas a su vivienda en las instalaciones militares de Torregorda en Cádiz, mientras que a las otras residentes sí. El padre de familia no podía acceder a la vivienda debido a una orden de su superior, por lo que su esposa le tenía que dar la comida a través de una ventana para luego consumirla en su despacho. Una odisea que se convirtió en un caso de mobbing de unos superiores sobre un subordinado.

El coronel jefe del Centro de Ensayos de Torregorda, S.F.L-C., y el teniente coronel M.J.G.F. van a ser procesados como presuntos responsables de un delito de abuso de autoridad contra el comandante G.M.G., por trato degradante a inferior. Así aparece en un auto dictado por un juez militar al que ha tenido acceso este medio.

G.M.G. se encontraba destinado en el Centro de Ensayos desde hacía doce años y en los tres últimos vivía con su familia en una de las viviendas del complejo militar gaditano. El comandante había tenido diferencias con su superior, tantas que, tal y como aparece en el auto, le había advertido que cuando ascendiera y mandara en el centro "ya sabía lo que tenía que hacer".

Los principales problemas surgen en diciembre de 2005, cuando uno de los dos procesados le pide al denunciante que deje libre su vivienda para un capitán, a lo que el comandante contesta que no está de acuerdo porque había otra vivienda disponible que sólo había que acondicionar con una rampa para facilitar el acceso a personas con problemas de movilidad. A mediados de enero de 2006, el coronel S.F.L-C le da la orden verbal de desalojo de la vivienda, conminándole a abandonarla a primeros de abril o, si lo deseaba, se le podía arreglar la otra vivienda para que cambiara de casa.

El comandante G.M.G. pidió que se le diera por escrito, pero se le negó tal extremo, por lo que presentó alegaciones a la orden verbal al considerarla "nula, por haberse acordado al margen de la legislación vigente". El coronel contestó las alegaciones confirmando el desalojo y adoptando el carácter de una orden militar. G.M.G. abandonó la vivienda, pero no su familia, por entender que quien no es militar no está sujeto a la obediencia de orden alguna.

A partir de ahí, empezaron los problemas de verdad. Según el auto, "en represalia y pretextando razones de seguridad", el coronel pide al otro procesado, jefe de seguridad del complejo, que se hiciera un seguimiento al comandante G.M.G. "para comprobar si éste efectivamente entraba o no en su casa, es decir, si cumplía la orden de desalojo". Además se pedía que se siguieran los movimientos de éste y de toda su familia por parte de los vigilantes de seguridad del centro, que queda registrado en unos estadillos particulares.

También se ordenó la prohibición del acceso e la esposa al despacho de su marido y se le señaló un itinerario concreto para acceder a su vivienda desde la entrada al centro.

El jefe de seguridad, uno de los dos procesados, prohibió incluso cualquier visita al interior de la vivienda, algo que no ocurría con el resto de los residentes. Sólo hizo una excepción tras el accidente de un hijo.

El juez estima en sus fundamentos de derecho que al orden de desalojo "es inadmisible" y se dio "con ligereza" y cree que el abuso de poder es "grave, por cuanto incide en derechos fundamentales del subordinado".

El juez ha fijado una fianza contra los dos procesados de 6.000 euros a la espera de que se celebre el juicio militar contra los dos procesados.