La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha remitido su atestado al Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que investiga el intento de cobro de una comisión de cinco millones de euros en la venta al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de una partida de "maletines" para la detección del Covid-19, donde ha advertido del "relevante" e "inusual" tráfico de llamadas existente entre el viceconsejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, y el ex asesor de la Consejería de Salud G.G., uno de los cuatro imputados en la causa y que fue cesado cuando el empresario denunció la exigencia de la mordida.

En un atestado ampliatorio enviado al juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, los investigadores policiales recogen hasta 16 comunicaciones -mediante llamadas y mensajes de Whatsapp- entre Antonio Sanz y el ex asesor que tuvieron lugar entre los días 23 y 26 de septiembre de 2020, fechas que se consideran relevantes en la secuencia de los acontecimientos desarrollados para la contratación de los productos que había ofertado el empresario asturiano Félix Guerrero, que denunció el caso. De hecho, estas comunicaciones se producen después de que el 22 de septiembre Félix Guerrero informara al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, de que los intermediarios en la operación le habían exigido una comisión de cinco millones en nombre de G.G.

La Policía considera que una vez que el empresario denunció el intento de soborno, el consejero de la Presidencia informó de lo sucedido a su viceconsejero, Antonio Sanz, y éste se puso en contacto en primer lugar con el entonces asesor denunciado, G.G., y posteriormente contacta con el empresario denunciante. Esto es algo que llama la atención de los investigadores, a los que resulta "incomprensible tal secuencia, ya que el denunciante de la conducta irregular era Félix Guerrero" y no se pone en contacto con él hasta el día 24 de septiembre.

En este sentido, la Udef considera que este tráfico de llamadas entre los días 23 y 26 de septiembre es "incongruente" de acuerdo con las manifestaciones realizadas por ambos interlocutores, por cuanto el asesor declaró que conoció a Antonio Sanz cuando lo citó para supuestamente ofrecerle un traslado a otro organismo de la Junta, y el viceconsejero dijo que decidió tener una reunión con el asesor para conocer los hechos denunciados, "haciéndole creer que lo iba a contratar".

Ambos dicen que prácticamente no se conocían y a pesar de ello se aprecia en los registros telefónicos "múltiples llamadas y mensajes realizados durante días", asevera el atestado, que precisa que algunas de esas llamadas son de una "duración considerable", como una de 15 minutos que tuvo lugar el 24 de septiembre de 2020, el "mismo día en que se comunica por primera vez Antonio Sanz con Félix Guerrero y, éste último le informa de todo lo sucedido en el procedimiento de la contratación con la Consejería de Salud y Familias".

Los investigadores advierten de esta forma del "inusual tráfico de llamadas" entre ambos y el atestado destaca el hecho de que en primer lugar el viceconsejero hablase con el asesor antes de llamar al empresario para que le informe con detalle de la situación. El mismo 24 de septiembre, prosigue el atestado, se observan diferentes llamadas entre G.G. y Antonio Sanz, entre ellas la que dura 15 minutos. "La concertación de una cita para una reunión entre dos personas que han manifestado no conocerse previamente no se entiende bien, en el contexto de esta investigación, que tenga una duración semejante", subraya.

El contacto de Sanz, en el móvil del intermediario

De otro lado, la Policía recoge que en la agenda telefónica del intermediario Manuel García Gallardo -fundador de Quality Food y que fue condenado a diez años de prisión en un juicio que el Tribunal Supremo ha ordenado repetir recientemente- figuraba el contacto del viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz, mientras que en la agenda telefónica del móvil de Ana María Gallardo -hermana del intermediario y también investigada por el intento de mordida-, aparecía el contacto de la directora de la Subdirección de Compras y Logísticas del SAS, Salud Rivero.

La Policía ha detectado una llamada de Salud Rivero realizada al ex asesor del gabinete de la Consejería de Salud G.G. el 21 de septiembre de 2020, fecha en la que el empresario denunciante de la mordida, Félix Guerrero, remitió un correo electrónico a Manuel García Gallardo con la oferta económica de los maletines "Speedy bag" para que éste último se la reenviara a G.G. y determinara la "comisión a aplicar para la materialización de la contratación del producto", siendo el día 22 de septiembre cuando Manuel García Gallardo le indica al empresario los cambios que debe realizar y que consisten en incrementar el precio en cinco millones.

El viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz, a su llegada a los juzgados para declarar como testigo.

Sobre las agendas telefónicas analizadas, la Policía señala que alguno de los investigados tenían "conocimiento entre sí, al menos de sus existencia y datos de contacto". Así, explica que "parece evidente que los números de teléfono en la agenda se guardan por algún motivo, y es éste el establecimiento de contacto precisamente. Es decir, de la mera presencia en la agenda no puede deducirse que el contacto haya tenido lugar de manera efectiva, pero sí la intención. Cuando además se tiene referencia del contacto comercial, parece notorio entonces que el contacto ha tenido lugar directa o indirectamente".

En su declaración ante la Policía, Antonio Sanz aseguró que desconocía cómo habían surgido los intermediarios en esta operación, pero añadió que le sorprendió al escuchar el nombre de Manuel García Gallardo, "al ser una persona que ya está condenada y que no debía existir con este sujeto ningún tipo de relación con la Consejería de Salud".

Con respecto al ex asesor de Salud G.G., el viceconsejero de la Presidencia manifestó que "se vendía como jefe de gabinete" del consejero de Salud, de acuerdo a los comentarios realizados por Félix Guerrero en diversas conversaciones telefónicas, por lo que solicitó informes sobre G.G. que "fueron negativos".