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'caso malaya'

"No ha habido un juez instructor, sino un jefe de la Policía Judicial"

  • El abogado del ex alcalde marbellí, Tomás Reñones,asegura que la corrupción no la evita un juez instructor "enviado por alguien divino", sino los partidos políticos

La defensa del ex alcalde de Marbella Tomás Reñones ha asegurado que en el caso Malaya, contra la corrupción en dicho municipio, "no ha habido un juez instructor, sino un jefe de la Policía Judicial" y ha precisado que "tiene que sorprender la unanimidad con la que los letrados han considerado la instrucción merecedora de ser calificada nula".

"La corrupción administrativa la evitan los partidos políticos pero no un juez instructor que se irroga en el papel de enviado por alguien divino y que está fuera de los márgenes, los dictados y las limitaciones que las leyes establecen a los poderes públicos en defensa de los intereses de los ciudadanos", ha apostillado el letrado Miguel Bajo.

En la quinta sesión del juicio del caso Malaya, ha explicado la forma en la que se produjo la detención del ex comisario acusado Florencio San Agapito, al que defendía en ese momento, y ha apuntado que quedó "espantado" por las maneras utilizadas por el instructor. Asimismo, se ha preguntado si "estamos formando sólo jefes de Policía o juristas".

El letrado ha considerado que el instructor, Miguel Ángel Torres, "insulta al derecho de defensa y al individuo que quiere defenderse contra la aplicación abusiva del derecho" y tratar de evitar los calabozos "innecesarios" y ha instado a que "se borrara del procedimiento las descalificaciones que el señor Torres hace de las defensas".

Además, ha cuestionado la declaración prestada por su cliente ahora, Tomás Reñones, ante el juez, al considerar que hubo "una maniobra" al dejar a una de las detenidas ir a los calabozos y comunicar al resto de detenidos ese día que "si contestan afirmativamente a las preguntas del juez irán a casa como ella".

Por otro lado, ha asegurado que la acusación del ministerio fiscal contra su cliente es "sorpresiva" y ha manifestado que "no se puede acusar a alguien de lo que no pudo ser oído, defenderse o conocer los hechos y de lo que jamás se le ha imputado o preguntado".

Por su parte, la defensa de los acusados Sabino Falconieri, José María González de Caldas y Miguel López Benjumea ha asegurado que "ningún juzgado de este país hubiera acordado la detención" de sus clientes por los delitos que se les imputaba y con los antecedentes, por lo que "no son privilegiados" en este sentido.

El letrado ha señalado que los arrestos se realizaron "de la forma que más perjudique" a las trayectorias profesionales, aspectos éstos por los que ha solicitado la nulidad de los autos de detención. Asimismo, ha denunciado la supuesta vulneración del derecho a no de declararse culpable, al considerar que las declaraciones no pueden ser instrumentos inculpatorios.

Por eso, ha pedido la nulidad de estas declaraciones y ha coincidido con otros letrados en considerar que fue una investigación "prospectiva" y en criticar las prórrogas de detención y la forma de hacer los registros.

Además, ha manifestado que "la instrucción, no sabemos si de forma intencionada o no, ha conseguido crear un estado de escándalo nacional de tales proporciones que hiciera muy difícil la estimación de nulidades totales o parciales o incluso la absolución futura de los acusados".

El letrado de Eusebio Sierra, vinculado a la empresa Proincosta, ha hablado de "ingerencia masiva de derechos fundamentales". Se ha adherido "a la denuncia pública de irregularidades desde el punto de vista judicial", al considerar que hay "una causalidad" entre la imputación de su defendido "con esas irregularidades" en las escuchas telefónicas y en los registros.

El abogado del empresario Fidel San Román ha argumentado que su cuestión previa se refiere a que "esta mastodóntica" causa se ha seguido por unos hechos respecto de su cliente, que se investigaron y por los que se le imputó -delito de cohecho--, aunque al presentar el fiscal su escrito de conclusiones "comprobamos de forma sorpresiva" que la acusación no era sólo por esos hechos sino que se añadían otros relativo al blanqueo de capitales.

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