Se le atribuye a González Ruano, referente del periodismo de columna en España, la idea de que ese género es como una morcilla: puedes meter dentro lo que quieras, pero debe estar bien atado por los extremos. Tras casi una década metiendo dinero de manera continuada en apuntalar y desarrollar la investigación que se hace en la sanidad pública, ahora toca cerrar el extremo del proceso: proteger los resultados y repartir los beneficios. Hasta en un 65%. Ése es el fondo del decreto sobre propiedad industrial e intelectual aprobado ayer por el Gobierno de la Junta y presentado por la consejera de Salud, María Jesús Montero.

El argumento base de esta normativa recoge una aspiración, casi un lamento, de quienes se han venido encargado de la política científica de la Junta aplicada al sistema sanitario autonómico: un resultado científico patentable financiado con dinero público debe ser propiedad, al menos en parte, de la institución pública en cuyo entorno se ha generado. Una consecuencia de ese discurso ha sido la focalización de parte de la presión sobre la comunidad investigadora (a veces con desencuentros) en la caza de las patentes (más en la modalidad de uso que de producto). El decreto regula, en la misma línea, otra aspiración, en este caso de los investigadores con mayor sentido práctico cercanos al ámbito clínico: además de la gloria intelectual, también consideran apropiado que parte de los retornos económicos generados por las patentes que ellos han contribuido a identificar vayan a sus bolsillos. Como ya se hace en organismos científicos dependientes del Gobierno central desde 2002. De ahí que, precisamente, Montero explicase ayer que quien obtenga un resultado protegido recibirá un incentivo económico en función de los ingresos anuales de esa patente: un 65% hasta 10.000 euros, el 40% para cantidades que oscilen entre 10.000 y 50.000 euros y el 34% para patentes con retornos superiores a los 50.000 euros. El resto del dinero, para la entidad titular de la patente. Según los datos facilitados ayer por la consejera de Salud, en 2011 la sanidad pública se embolsó 1,8 millones de euros como resultado de 24 licencias de explotación y 40 acuerdos con empresas.

Además, según datos provisionales de la Oficina Española de Patences, citados ayer por Montero, la sanidad pública andaluza es la primera institución española en número de patentes (224 acumuladas desde 2006) en el ámbito de la salud y la biomedicina.