La comisión parlamentaria que investiga el presunto fraude en el dinero destinado en los cursos de formación desde 2002 entró ayer oficialmente en su segunda fase. Los interventores provinciales de la Junta de Almería, Juan José Castillo Gualda, y de Cádiz, Nieves Chao Serrano, fueron los encargados de estrenar las comparecencias. Entre el lunes y el martes de la próxima semana, pasarán por el Parlamento el resto de interventores, incluido el ex interventor general de la Junta, que dimitió hace un mes, Adolfo García. El orden de comparecencias sigue el orden alfabético por provincias.

De las dos intervenciones, lo más destacado fue que ambos coincidieron en afirmar que cualquier subvención concedida de forma irregular aún puede ser recuperada porque "todos los expedientes están vivos". Por este motivo, los interventores opinaron que en este posible mal uso de dinero público, que también está siendo investigado en el ámbito judicial, todavía no ha habido "menoscabo" de fondos. Castillo Gualda aseguró que "el daño todavía no se ha producido", ya que "los expedientes no han prescrito". Chao Serrano, por su parte, indicó que: "Al cien por cien no puedo asegurar ni que vaya a haber menoscabo ni que no, puesto que la posibilidad es de reintegro. Una vez que no se produzca ese reintegro sí que habría menoscabo".

Lo que sí reconocieron ambos responsables técnicos del Gobierno andaluz es una evidente "falta de medios" para realizar el trabajo encomendado en sus respectivas áreas. El interventor de Almería explicó que en la Intervención de Almería trabajan siete funcionarios, la mayoría de categoría C, lo que es insuficiente para analizar los más de 20.000 expedientes que les llegan, entre ellos los de la formación, que en muchos casos contienen "más de mil documentos".

Igualmente, la interventora de Cádiz explicó que el informe especial que realizó sobre el periodo 2009-2012, sobre el que reconoció que fue la primera vez que tuvo que elaborar algo similar desde comenzó su carrera profesional en 1980, se llevó a cabo con 14 personas, de las cuales dos tienen reducción de jornada, y únicamente cinco son titulados de grado medio o superior. Este personal, precisó, "carecía de formación práctica en procedimientos de auditoría y menos en un tema tan específico y complejo con miles de documentos a analizar".

Chao Serrano también reconoció que la normativa de control de los fondos de los cursos de formación, proporcionada por la Junta a las intervenciones generales, era "muy mejorable", pero que, a su juicio, no fue necesario elevar a las autoridades judiciales las irregularidades que detectaron, al igual que tampoco lo hizo la Intervención General.

Castillo Gualda esclareció que en algunos expedientes que les llegaron "faltaba documentación, se detectaron irregularidades o había algunos incumplimientos", pero que todo está "reflejado en cada informe" y que a pesar de que éstos a veces se enviaban "muy desordenados, con fotocopias o sin compulsar", jamás recibieron instrucciones por parte de algún dirigente de la Junta ni sobre el trato de los expedientes ni respecto a su comparecencia. "Ni tan siquiera tenía muy claro qué tenía que hacer aquí, ya que es la primera vez que me veo en una situación como esta", aseguró.

Respecto a los diputados que representaban a cada uno de los cinco grupos políticos de la Cámara, los del PP fueron los más incisivos en sus preguntas, lo que provocó incluso alguna acalorada discusión con los comparecientes. En este sentido, el diputado del PSOE, Rodrigo Sánchez Haro, denunció que los populares estaban intentado "amedrentar" a los funcionarios y lamentó que acudieran a la investigación parlamentaria con documentación judicial, ya que el PP está personado como acusación.

La diputada del PP, Teresa Ruiz-Sillero, advirtió que "la Junta intenta responsabilizar de estas irregularidades a los interventores" cuando "ha quedado claro que quien incumple la ley de forma reiterada es la Junta".

La parlamentaria de C's, Marta Bosquet, resaltó que ambos interventores manifestaron una "carencia total y absoluta de medios materiales y humanos".

El representante de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, criticó que "nunca" se haya dotado de medios a las intervenciones para controlar las subvenciones" y afirmó que había una legislación "diseñada para permitir la sangría" del dinero destinado a la formación. Elena Cortés, de IU, concluyó que "los interventores no han podido comprobar que el dinero se hubiese utilizado correctamente". El PP, Podemos e IU lamentaron que las comparecencias no sean retransmitidas por Canal Sur y que sólo pueden ser vistas por la página web del Parlamento andaluz.

Según el calendario cerrado de la comisión, el 14 de marzo acudirá la interventora general de Subvenciones, Teresa Arrieta, la ex interventora general, Rocío Marcos, la directora de calidad del SAE. Posteriormente, y comenzando el 21 de marzo, pasarán por el Parlamento funcionarios, beneficiarios, delegados provinciales, directores generales, secretarios generales, Tribunal de Cuentas, la ministra de Empleo, ex consejeros, los ex presidentes, el consejero de Empleo, Comercio y Empresa, y, finalmente, la presidenta de la Junta, Susana Díaz.