La ex interventora general de la Junta de Andalucía Rocío Marcos ha asegurado este martes al juez Álvaro Martín, que investiga la piezas separada por el denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas de los ERE, ha asegurado que las transferencias de financiación “no son ilegales”.

Rocío Marcos ha comparecido en calidad de testigo por espacio de varias horas ante el magistrado y en su intervención ha sorprendido que la ex interventora haya negado su participación en la elaboración de un informe entregado en 2012 a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se avalaba precisamente el sistema de las transferencias de financiación para el pago de las subvenciones porque contaba con el "máximo respaldo legal e institucional" y era conocido por todos los agentes que intervienen en el proceso presupuestario, desde el Gobierno, pasando por el Parlamento y la Cámara de Cuentas.

El informe fue presentado por el interventor delegado de la Consejería de Empleo Juan Luque Alfonso –uno de los 51 investigados en la pieza del procedimiento específico- cuando prestó declaración ante los agentes de la UCO y según afirmó entonces fue redactado por él mismo así como por el interventor adjunto fiscal, Luis Hinojosa, y los ex interventores generales de la Junta Manuel Gómez Martínez -también investigado- y Rocío Marcos Ortiz, con la finalidad de disponer de un "marco teórico" para los interventores y las personas a las que pudiera interesar en el marco de la causa de los ERE.

Sin embargo, Rocío Marcos ha asegurado este martes al instructor que no ha participado en dicho informe, si bien ha señalado que las transferencias de financiación “no son ilegales” y ha añadido que se trata de un concepto “contable, no jurídico”, aunque algunas de las partes presentes en su declaración destacado que ha realizado una declaración “muy técnica” y no acaban por concretar si ha dicho que se hizo una utilización adecuada o no del sistema.

El informe, supuestamente elaborado por cuatro interventores, subraya la "escasa regulación jurídica" de las transferencias de financiación y asegura que los supuestos en los que la Intervención General, en el ejercicio de sus funciones de control financiero o de auditoría, ha valorado como inadecuado el empleo de las transferencias de financiación son "numerosos y afectan a otras entidades instrumentales más, además del IFA/IDEA".

El análisis de estos interventores señala igualmente que el debate sobre el carácter más o menos adecuado del empleo de una transferencia de financiación "carece de efectos prácticos y debe permanecer en la esfera meramente teórica en la que lo recluye la decisión parlamentaria de otorgar un destino concreto y específico a una determinada partida. O, dicho en otros términos, si es el Parlamento en la ley del Presupuesto el que establece la naturaleza, el destino y el modo de gestión presupuestaria de una partida determinada calificada como transferencia de financiación, la ejecución adecuada y apropiada de dicha partida será, precisamente, la que disponga la ley del Presupuesto, aunque pudiera argumentarse que ello contradice determinados postulados teóricos o, incluso normas de inferior rango".

Para los firmantes del documento, el destino de los créditos y el modelo de gestión basado en las transferencias y el controvertido convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA "contaba con el máximo respaldo legal e institucional y era perfectamente conocido por todos los agentes que intervienen en el proceso presupuestario: Gobierno, Parlamento y Cámara de Cuentas de Andalucía, organismo éste último al que se rinde la cuenta general".

Desde esta perspectiva, los interventores señalan que si la Intervención hubiera pretendido obstaculizar la ejecución de las transferencias de financiación haciendo uso de los instrumentos suspensivos previstos en el ejercicio de la función interventora -en alusión al informe de actuación-, se habría colocado en una "situación injustificada de rebeldía frente al cumplimiento de una ley que, si se permite la aseveración, es la más importante que aprueba el Parlamento de Andalucía cada año", precisa el documento.

Los interventores añaden que si es la propia ley del Presupuesto la que ha establecido la naturaleza, el destino y el régimen de ejecución presupuestaria de las transferencias de financiación, "el papel de la Intervención no puede ser otro que verificar que su gestión se ajusta, precisamente, a lo dispuesto en la Ley del Presupuesto, la más importante disposición de carácter económico-presupuestaria y contable de la Junta de Andalucía en cada ejercicio".

Fuentes del caso consideraron en su día que con este informe, elaborado por el máximo nivel de la Intervención, no se podía llegar a la conclusión a la que llegó en su día la juez Mercedes Alaya en el auto en el que preimputó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y donde esta juez hizo hincapié en la "utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación" para el pago de las ayudas investigadas.