El interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro, abundó ayer en el juicio del caso Minutas en las anomalías que supuestamente acompañaron los cobros de José María del Nido entre 1999 y 2003.

El funcionario precisó que se hicieron efectivas facturas antes conocerse con precisión el tipo de trabajo que debía de realizar para rebatir la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Indicó que lo oportuno hubiera sido esperar a conocer el contenido de las actuaciones previas porque antes era "difícil valorar" la magnitud de la labor que debía ejecutar y, por tanto, los honorarios que le correspondían. Castro calificó de "irresponsabilidad" el hecho de asumir minutas profesionales desconociendo "el motivo que justificaba el importe".

El juicio por el caso Minutas se reanudó ayer después de un prolongado parón. De hecho, el interventor municipal inició su declaración como testigo en este asunto el pasado 26 de julio. Ayer continuó respondiendo las preguntas del fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez-Villarejo que con una minuciosidad incansable preguntó a Juan Antonio Castro por todas y cada una de las minutas giradas por el abogado en aquellos últimos años del gilismo. En todos los casos respondió que no supo nada de estos pagos profesionales y que tampoco pudo fiscalizarlos. El interventor municipal recalcó que su función se vio seriamente perjudicada por el equipo de gobierno que presidieron consecutivamente Jesús Gil y Julián Muñoz. Ese ninguneo se vio reforzado con la creación de sociedades municipales que tenían la misión de vaciar de contenido al Ayuntamiento y por tanto sustraerse a la labor de control y vigilancia que competía a los funcionarios de habilitación nacional (tesorero, interventor y secretario municipal).

La labor de intervención se vio menoscabada hasta el punto de que en julio de 2001 Julián Muñoz y José María del Nido firmaron un contrato de arrendamiento de servicios que Castro no pudo leer hasta que la Gestora se hizo con las riendas de Marbella, en 2006, una vez que explotó el caso Malaya y la corporación fue disuelta.

La relación del abogado y el Ayuntamiento se materializó inicialmente a través de un contrato verbal entre Jesús Gil y José María del Nido y el giro de minutas puntuales a las que se adjuntaba una carta de detalle que explicaba con más o menos precisión el trabajo encomendado al profesional. Sin embargo, en 2001, Muñoz optó por formalizar un contrato escrito, que no pasó por ningún proceso de publicidad, competitividad ni concurrencia según la versión de la Fiscalía, con una remuneración mensual de ocho millones de pesetas. Ese contrato no estuvo a disposición del interventor hasta cinco años después.