La salud pública está dejando de ser invisible y una nueva ley autonómica quiere contribuir decisivamente a ello. En tal medida que los grandes proyectos industriales y relacionados con el planeamiento urbanístico deberán superar un informe de su impacto en salud. Un informe que será vinculante. Una ley con un régimen de sanciones que puede superar los 600.000 euros por las infracciones más graves. Así lo anunció ayer tras el Consejo de Gobierno la consejera de Salud, María Jesús Montero.

Lo que no sucede, no se ve: el enfoque tradicional de la salud pública -el trabajo preventivo, orientado a evitar que ocurran eventos indeseables- ha relegado históricamente esta parcela de la gestión sanitaria al cuarto de atrás, cediendo protagonismo a los grandes avances de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas, más concretos y más mediáticos. Ahora, la Consejería de Salud -ya venía anunciado en el programa del PSOE-A de las últimas elecciones autonómicas y se viene hablando de asunto en foros cualificados desde años atrás- ha decidido iniciar la tramitación del anteproyecto de la Ley de Salud Pública, bajo la necesidad de salvar la distancia, cada vez mayor, que en las democracias occidentales en general se da entre la gestión de la cosa pública y la vida ordinaria de la gente. Para el anteproyecto, el cuidado de la propia salud ya no es una dádiva, ni siquiera un derecho: es una responsabilidad. De los individuos y de la comunidad.

En el centro de la futura ley, que escenifica la reubicación de la salud pública en la primera línea política de la Consejería, está el concepto de la Evaluación del Impacto en Salud (EIS). Una herramienta de trabajo que, por definición, es comunitaria, porque pretende responder a preguntas que surgen en mitad de la calle: ¿un carril bici ayuda a evitar infartos? ¿En peatones o en ciclistas? La contaminación causada por vertidos en una zona costera industrial, ¿afecta a la gente? Si de esa comarca desaparece esa misma industria que contamina y deja en el paro a buena parte de los habitantes de esas poblaciones, ¿cuál es el coste en términos de problemas psicosociales? Este tipo de consideraciones deberán estar presentes en el PGOU de una gran ciudad, en las políticas de responsabilidad social de una compañía trasnacional que quiera abrir instalaciones en Andalucía o en el perfil de una empresa que quiera optar a conseguir un contrato con la Administración autonómica. Este tipo de consideraciones deberán estar presentes, en fin, en las acciones estratégicas sectoriales que emprenda el Gobierno. Y serán visadas por la Consejería de Salud. Pero la ley, en principio, no pretende ser un catálogo reglamentista de premios y castigos (el régimen de sanciones del anteproyecto va desde los 600 euros hasta el quíntuplo del valor de los bienes relacionados con la infracción). Aunque lo pueda parecer, "el anteproyecto es garantista y transversal, pero no intervencionista". Una nueva agencia de la Consejería de Salud, entre otras herramientas -un centro de investigación en red, un observatorio-, se encargará de poner en marcha esta nueva cultura.

Aplicar la EIS conlleva dar a los ciudadanos el poder de interpelar en directo a las instituciones de gobernanza, de participar en la toma de decisiones más allá del marco amable de las fotos de familia. Ésa es la clave . Y eso marcará el éxito o el fracaso de la futura ley. La EIS, en Andalucía -por una vez, vale decir en la UE, salvo algunos proyectos diversos y dispersos- es un melón por calar. La consejera Montero hizo referencia a ello, en cierto sentido: "Queda mucho por hacer, tenemos que aprender a diseñar las herramientas para una evaluación objetiva. Pero si no echamos a andar, no recorreremos el camino".