La juez que investiga el caso Mercasevilla ha ampliado los delitos que imputa a dos hermanos de la ministra Fátima Báñez y a otros cinco empresarios que concursaron para comprar los terrenos de la lonja, a los que acusa de prevaricación y exacciones ilegales, junto al anterior delito de maquinación. En esta rama del caso Mercasevilla hay ya 24 personas imputadas, entre ellas el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y un informe de la Guardia Civil aportado ahora a la causa dice que hubo contactos previos entre Mercasevilla y la empresa que finalmente fue adjudicataria, Samna, y que algunos aspectos del concurso "carecen de toda lógica".

La juez Mercedes Alaya pide en un auto a la Guardia Civil que investigue sobre los "posibles beneficios" que podría haber obtenido la constructora Noga para no impugnar el concurso de compra de los terrenos de Mercasevilla "a pesar de ser la empresa que presentó la mejor oferta económica". Dichos beneficios podrían haberse producido en forma de "alguna otra adjudicación importante" o "por incidencias relativas a avales de licencias", según el auto. En este sumario la juez investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" del concurso de venta de los terrenos a la inmobiliaria Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga.

Respecto a los empresarios a los que ahora se ha ampliado la imputación, entre ellos Nicolás y Eduardo Báñez García como responsables de la empresa Construcciones Juan de Robles, Alaya recoge que deben ser imputados de los mismos delitos que ya pesan sobre los representantes de Sanma. Un informe de la Guardia Civil de mayo de 2013, aportado ahora a la causa, afirma que los correos y otra documentación analizada muestran que "hubo contactos previos a la convocatoria del concurso público" entre Mercasevilla y Sanma, intercambios entre sus respectivos abogados que se mantuvieron una vez decidido que la venta se haría mediante concurso público. "Parece claro que Sanma le envía a Mercasevilla, antes de la publicación del Pliego de Condiciones del concurso, un formato de pliego de condiciones" en el que ya se observaba como el punto más valorado la titularidad de unos derechos previos de superficie.

Sanma adquirió dichos derechos a la empresa Larena 98 por 1.080.000 euros, "todo ellos con el consentimiento de Mercasevilla", y fue la única con dichos avales que acudió al concurso pese a que también los tenían empresas como Dole, El Corte Inglés, Hipercor y El Pozo, añade la Guardia Civil. El informe constata como "circunstancia cuanto menos extraña" que Sanma solo estaba dispuesta a pagar a Larena 98 la cantidad de 900.000 euros por sus derechos de superficie cuando se estaba negociando una adjudicación directa pero luego accedió a pagar 1.080.000 euros "una vez que se informa que debe someterse la opción de compra a los principios de publicidad y concurrencia".

Además, "apresuradamente, a falta de dos días para que finalizara el plazo de presentación de ofertas", Mercasevilla firmó un contrato con un experto universitario para elaborar las tablas de ponderaciones, dice la Guardia Civil, que también califica como "carente de toda lógica" la puntuación otorgada a las tres empresas que ofertaron el precio mínimo de compraventa final.