Joaquín Aurioles

Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga

Andalucía es probablemente la comunidad autónoma que mejor ha reproducido a nivel regional el proceso que ha llevado a la economía española a ser considerada como un caso ejemplar de insostenibilidad. Aunque a toro pasado todas las señales suenan más estridentes, ahora sorprende la reiteración en los errores y la persistencia en la indecisión, sobre todo porque casi todas esas señales se percibían simultáneamente en otras economías cercanas, amplificando considerablemente el número de observadores y el eco de las alarmas.

El elemento más transversal ha sido el imprudente endeudamiento de hogares y empresas, animados por una financiación abundante y barata que, a la postre, se convertiría en el determinante fundamental de una crisis financiera internacional, que posteriormente discurre, en el caso de Andalucía, por tres derroteros fundamentales. En primer lugar, en torno a unas expectativas de ganancias inmediatas y abundantes en el sector inmobiliario, con importantes efectos colaterales en términos de costes ambientales, especialmente en el urbanismo de litoral; de corrupción institucional, con un cierto consentimiento social; y de una progresiva acomodación de la actividad productiva regional a una demanda interna que comenzó a crecer con intensidad a finales de los años 90. El proceso de introversión de la economía andaluza constituye el segundo de los derroteros a destacar en los años previos a la crisis. Sorprendentemente Andalucía comenzó a reducir su grado de apertura exterior en unos años en los que en el resto del mundo estaba teniendo lugar una expansión sin precedentes del comercio internacional y en los que el mapa económico mundial comienza a registrar cambios de gran calado, gracias al extraordinario dinamismo exportador de las potencias industriales emergentes. Esta marcha contra el viento dio lugar a un desequilibrio exterior sin precedentes, tanto por su magnitud como por su duración, y a un desplazamiento masivo de recursos desde la industria hacia el sector inmobiliario, que alcanza su máximo valor simbólico en 2004, cuando por primera vez en la historia la construcción supera a la industria en aportación al PIB regional.

La tercera característica es el deterioro de la competitividad exterior que, no obstante, nunca llegó a percibirse como un problema. Disimulada tras la seductora atracción de una demanda interna tan dinámica y optimista, el único matiz que consigue capturar de vez en cuando el interés de los expertos es el estancamiento de la productividad provocado por dos circunstancias. Por un lado, por el cambio en la composición de la producción, en la que aumenta la participación de actividades de productividad reducida, como la construcción, mientras que se reduce el peso de las de productividad elevada, como la industria. Por otro lado, por la masiva incorporación al mercado de trabajo de mano de obra poco cualificada, especialmente en la construcción, la hostelería y la agricultura, pero cuya contratación no deja de ser rentable debido a que también el nivel de remuneración es reducido.

Todas estas circunstancias, previas a 2008, son básicamente similares a las que se dan en el resto de España, aunque con diferente intensidad según la comunidad. Lo más característico en el caso de la andaluza es que el grado de exposición al sector inmobiliario ha sido comparativamente mayor, así como también el apalancamiento de familias y empresas y la precariedad del empleo creado en esos años. En estas circunstancias se entiende que el desplome del sector inmobiliario haya tenido una repercusión comparativamente mayor en Andalucía, así como también las consecuencias de la parálisis del sector bancario en la financiación de los hogares y las pequeñas y medianas empresas, aunque la manifestación más dramática de todas esté siendo el imparable proceso de destrucción de empleo. 

Andalucía termina 2012 con una tasa de paro cercana al 36% y el convencimiento de que no habrá una involución inminente en la tendencia que ha llevado a que la diferencia de 5,4 puntos en el cuarto trimestre de 2007 con España, se haya ampliado hasta casi los 10 a finales del pasado año. La peor noticia relativa al mercado de trabajo está, sin embargo, en el extraordinariamente elevado ritmo de destrucción de empleo en Andalucía, donde a finales de 2007 se concentraba el 15,7% de los ocupados en toda España, pero donde se ha localizado el 18% del empleo destruido desde entonces. Si se tiene en cuenta que el aumento del desempleo en Andalucía ha representado el 22,75% del total de España, cuando los parados andaluces en 2007 llegaron a representaban el 27% del total, hay que concluir que deterioro del clima económico general ha sido en Andalucía mayor que en el resto de España, así como también su repercusión en el aumento del desempleo.

Nuevamente hay que recurrir a la mayor exposición al sector inmobiliario para intentar explicar este hecho diferencial. También es posible que la sensación de asfixia financiera haya sido mayor que en el resto de España, debido a que también el nivel de ahorro es inferior, así como la mayor precariedad del empleo creado desde finales de los años 90. No se puede ignorar, sin embargo, que Andalucía ha reproducido de forma mimética alguno de los graves errores de política económica cometidos a nivel nacional. En primer lugar, el injustificable retraso en el reconocimiento de la gravedad de la situación y en la adopción de medidas con miras afrontar la recesión esperada para finales de 2008, pero sobre todo para intentar reducir al máximo su duración. En segundo lugar, la reiteración sistemática en los errores de política económica en forma de planes de diferente naturaleza y concebidos en el seno de un marco de concertación social pasivo e inoperante. La mayor parte de estas iniciativas fueron el reflejo de otras similares a nivel nacional, como la Estrategia de Economía Sostenible en Andalucía, el Pacto Andaluz por la Vivienda o el Plan (PROTEJA), una especie de versión andaluza del Plan E de Rodriguez Zapatero. Como aquél, también terminó por esquilmar las ya debilitadas finanzas de la Junta de Andalucía y por facilitar la transformación de la situación de recesión en una preocupante depresión, sin perspectivas de recuperación a medio plazo.

A finales de los años 90, Andalucía inició una larga etapa de convergencia con España que se quebró en 2010 y a la que habría que intentar retornar cuanto antes. Sería conveniente, para ello, intentar desprenderse de todas aquellas cargas que han podido soportarse durante los años de bonanza económica y asistencia financiera europea, pero que se transformaron en factores de vulnerabilidad con las adversidades. El retorno a los mercados de exportación es la mejor de las noticias en este sentido, a las que convendría añadir cuanto antes la confirmación de que la industria comienza a regresar a Andalucía, el desmantelamiento del actual modelo de gestión de las políticas activas de empleo y su sustitución por otro más eficaz y transparente y una reforma administrativa en profundidad  que incluya una clara delimitación entre la esfera de lo público y lo privado desde el punto de vista de la economía.