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Andalucía

Unas gotas de sangre jacobina

  • Más allá de la polémica sanitaria en torno al proyecto del SAS de sacar a concurso público determinados principios activos, en el debate se barajan claves relacionadas con la viabilidad del Estado autonómico

La tensión que experimenta actualmente la relación entre la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad a cuenta del proyecto del SAS de sacar a subasta el suministro de principios activos no se entiende si el análisis de la cuestión se restringe al ámbito de la gestión presupuestaria de la sanidad pública andaluza. Aunque, tampoco, desde luego, sin ella. Las exigencias europeas de control del déficit de las cuentas públicas españolas están provocando en el Estado de las Autonomías una reacción centralista que evoca un cierto aroma jacobino, como aquel del que se revestía Antonio Machado en su Retrato, pero sin que, por ahora, parezca que el manantial del que brota esa sensibilidad sea precisamente sereno.

El SAS quiere conseguir precios más baratos en los medicamentos que sus médicos recetan a los pacientes en los centros de salud mediante un concurso público; que es bueno, al parecer, para contener esa partida presupuestaria, pero muy malo, a tenor de las diferentes reacciones constatadas, para las oficinas de farmacia, las empresas de distribución y los laboratorios fabricantes, que detectan perjuicios económicos; y para la Administración sanitaria central, que se siente despojada de sus atribuciones competenciales exclusivas, como la de fijar los precios de los medicamentos.

Cuando se habla de iniciativas como la del SAS (o de otras parecidas puestas en marcha en Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria o el País Vasco) y de su necesidad urgente de acopiar recursos para mantener, al menos, la prestación farmacéutica pública tal como está, la referencia clave, en realidad, es el compromiso de cumplir con los objetivos de déficit: de cada departamento sanitario con su Ejecutivo regional, de éste con el Gobierno central y de España con sus socios comunitarios. O sea, que, cuando la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dice que Andalucía va a cumplir en 2010 el objetivo de mantener el déficit en el 2,4% del PIB regional, está respaldando las previsiones marcadas por la vicepresidenta económica del Gobierno central, Elena Salgado, que debe satisfacer las exigencias de disminución de gasto público de la Unión Europea. Y todo eso tiene que ver con las cuentas de la sanidad pública.

No es irrelevante para las medidas de contención de la factura farmacéutica, adoptadas o por adoptar, que sean Martínez Aguayo y Salgado quienes lleven las riendas de la gestión de la crisis en sus respectivos ámbitos. Ambas conocen a fondo el Sistema Nacional de Salud (la primera, por su experiencia en el Insalud y al frente del SAS; la segunda, como ministra de Sanidad) y ambas han recorrido más de una vez los vericuetos que conducen a yacimientos de ahorro adicionales en la maraña del presupuesto sanitario y de las relaciones de la Administración con los diversos agentes del sector farmacéutico. Por eso, cuando Salgado volvió del Ecofín de mayo con el encargo de ahorrar 15.000 millones, se acordó de los márgenes de beneficios de boticarios, distribución e industria farmacéutica y les adjudicó una cuota de esfuerzo. Y por eso, cuando, en cascada, la exigencia de esos compromisos llega a la Junta de Andalucía, Martínez Aguayo afina todo lo que puede al pasarle la garlopa al presupuesto sanitario andaluz, gestionado por María Jesús Montero, consejera de Salud. Quien, a su vez, teniendo claro que va a mantener el mismo nivel de prestaciones farmacéuticas, intenta obtener de su interlocución con el sector un ahorro adicional al ya impuesto por las medidas del Ejecutivo central.

Hasta aquí, las fintas más o menos elegantes de la gestión sanitaria, con las tensiones lógicas en tiempos duros. Pero las contramedidas a la iniciativa andaluza en las que han cuajado los recelos del Ministerio de Sanidad, ahora dirigido por Leire Pajín, y el alineamiento del sector farmacéutico con esta posición de defensa de las competencias del Gobierno central por encima de lo que se entienden como veleidades autonómicas, tiene mucho, también, de revival centralista, de desconfianza (probablemente justificada muchas veces) ante los esfuerzos de cada servicio regional de salud por diferenciarse en sus estrategias de gestión. Es irónico que precisamente se pida ahora a Pajín, que ha sido secretaria de Organización del PSOE, el más federal de los partidos españoles, que lidere en el ámbito sanitario esta suerte de reacción jacobina en aras de la supervivencia del Estado; petición a la que quizá no sea ajena la erosión que experimenta en el contexto del Estado autonómico el entramado empresarial, político y mediático agrupado en torno a la marca Madrid como nodo de poder. Por eso, entre otras razones, se insiste desde Madrid en que sólo el Ministerio de Sanidad puede fijar los precios de los medicamentos. La unidad del mercado español no puede romperse, se dice desde los ámbitos que se oponen al plan del SAS. La ministra debe ejercer sus atribuciones desde el liderazgo para salvar la cohesión del Sistema Nacional de Salud, se apostilla. Entre quienes defienden este punto de vista se encuentran, curiosamente, algunos abonados a la tesis del farol: la consejera de Salud no va a hacer lo que dice que intenta hacer. En el peor de los casos, según esta línea argumental, aceptará un cheque y retirará su idea de la subasta. En el mejor, también renunciará a su proyecto, y gratis, para evitar contradicciones en el ya abollado discurso socialista. Pero quizá quienes postulan esta idea no hayan calibrado bien dos factores. Uno: saber quién es María Jesús Montero y hasta qué punto se siente más presa de las siglas de un partido, en el momento actual que vive el PSOE, que de la viabilidad de su programa de gestión, avalado como prioritario, por cierto, por el Ejecutivo socialista andaluz. Y dos: el viento se ha llevado muchas cosas (entre ellas, cierto argumentario naif sobre la articulación del Estado) y sopla fuerte desde la UE. Es posible que Salgado acepte cualquier cosa, cualquiera, que contenga el déficit, antes que el rescate europeo.

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