Los médicos especialistas en geriatría se han llevado un chasco con el nuevo Estatuto andaluz. En él se plasma el derecho de los mayores a una asistencia geriátrica especializada, pero ello no implica que esa tarea vaya a encomendarse a los geriatras, a tenor de las primeras declaraciones al respecto de María Jesús Montero, consejera de Salud, de las que se desprende cierta preferencia por otros especialistas y modelos organizativos en el ámbito de la sanidad autonómica. Al conocer este posicionamiento, la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (Semeg) ha querido echar su cuarto a espadas y pide a la Junta la creación de servicios de geriatría en la sanidad pública. Al menos, uno por cada gran hospital de la comunidad autónoma.

Según Jesús María López Arrieta, especialista de La Paz (Madrid) y presidente de la Semeg, "no entendemos cómo no se incorporan servicios de geriatría a la sanidad pública andaluza". "Nos ponemos a disposición de la Consejería de Salud para hablar sobre este asunto, con el planteamiento de fondo de mejorar la salud del millón largo de andaluces que ya son mayores".

Los datos que maneja la Semeg indican que en la gran mayoría de las comunidades autónomas existen servicios y unidades de geriatría dependientes de los servicios regionales de salud, con diferente grado de implantación, destacando, en positivo, la situación de Castilla-La Mancha y Madrid.

López Arrieta rechaza de plano que la pretensión de los geriatras sea una cuestión de rivalidad profesional entre diferentes especialidades médicas: "La evidencia científica disponible, de la que forma parte un reciente estudio de la Agencia de Evaluación de Tecnologías del Ministerio de Sanidad, indica que los mayores que ingresan en un hospital mejoran su pronóstico funcional si son atendidos en unidades de geriatría, reciben antes el alta, consiguen volver a su domicilio en vez de ingresar en una residencia y tienen menos recaídas", concluye López Arrieta.