La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana (Cádiz), que instruye el caso del supuesto delito de estafa continuada a los ancianos residentes en el geriátrico El Santísimo del municipio gaditano de Medina Sidonia, ha decretado el ingreso en prisión del máximo responsable de la supuesta trama desarticulada el pasado lunes por la Guardia Civil, José Herrera Pérez-Blanco, más conocido como el Padre Pepe, y la puesta en libertad con cargos de los otros tres arrestados, es decir, Guillermo Amado Morejón (hermano Guillermo), Francisco Casto González (hermano Paco) y otro hombre más del que sólo han trascendido sus iniciales, que son M.M.V.M.

Al menos los tres primeros forman parte de los Obreros de la Cruz, una asociación religiosa supuestamente benéfica que jamás ha sido reconocida por la Iglesia Católica en España y que ha venido gestionando el funcionamiento de esta residencia durante más de 15 años, hasta que fueron apartados de la misma el pasado mes de mayo por una orden judicial.

La Guardia Civil les acusa de un delito continuado de estafa al apropiarse de manera indebida del dinero de las cuentas corrientes de algunos de los ancianos residentes en el centro, los cuales padecían algún tipo de minusvalía física o psíquica y que, en muchos de los casos, no contaban con familiares que los representara. Los detenidos se ganaban la confianza de los internos para que les permitieran acceder a estas cuentas corrientes.

Los investigadores cifran en un mínimo de 150.000 euros el dinero estafado y señalan que algunos de estos engaños se remontan a 20 años atrás.

El estallido de este nuevo escándalo en torno a los Obreros de la Cruz originó ayer la primera crítica política contra la Junta de Andalucía, que siempre ha mantenido un concierto con El Santísimo. Esta crítica partió del parlamentario andaluz de IU por Cádiz Ignacio García, quien considera que estos hechos vienen a corroborar la "ineficacia" de los servicios sociales.

García consideró que esta presunta estafa es una muestra de que el modelo de la Junta "basado en la privatización de los servicios y en la dejación de su responsabilidad mediante el recurso sistemático al concierto con entidades privadas" trae como consecuencia casos como éste "y otros que todavía no han saldo a la luz pública".

El hecho de que algunos casos de la estafa destapada por la Guardia Civil se remonte a 20 años atrás lleva a Ignacio García a preguntar por la labor de tutela y control por parte de la Junta.

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