El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, solicitó declarar ante el Tribunal Supremo al considerar que las declaraciones realizadas por los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante el instructor del caso de los ERE fraudulentos, Alberto Jorge Barreiro contienen "numerosas manifestaciones absolutamente inciertas". En un escrito presentado ante el Supremo, Gómez argumenta que las manifestaciones de ambos ex presidentes, "además de ofrecer una versión de los hechos que en modo alguno se ajusta a la realidad, perjudican gravemente" su propia defensa al "derivarle falazmente responsabilidades que sólo a ellos incumben".

Barreiro ha citado a Gómez a declarar el próximo martes, después de que su testimonio haya sido solicitado además por la Fiscalía y por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. El jueves 30 comparecerá el ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

Griñán defendió en su declaración que su departamento actuó para aumentar el control de las ayudas pero también derivó la responsabilidad del fraude a la Intervención General de la Junta, cuyos informes alertando de las irregularidades aseguró que nunca recibió, y a la Consejería de Empleo, que era la encargada de controlar el gasto del pago de las ayudas. El ex presidente explicó con respecto a las advertencias o los informes adicionales realizados por la Intervención General de la Junta que "ninguno de esos informes llegaron a su conocimiento, como ha reconocido la propia viceconsejera", en alusión a Carmen Martínez Aguayo, que declaró en el TSJA que no leyó ninguno de los dictámenes porque no eran informes de actuación y por tanto no se requería a la Consejería para que adoptara ninguna medida.

"El viceconsejero sólo elevaba al consejero los informes que propugnan una actuación de Hacienda", afirmó Griñán, que subrayó que la Intervención es la que "decide en cada momento si promueve actuaciones", de acuerdo con el artículo 12.5 del decreto 9/1999, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta. Ese artículo determina que el informe de actuación se emitirá por la Intervención en aquellos casos "en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas" o también cuando se "aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".

El que fuera consejero Economía y Hacienda antes de presidir el Ejecutivo insistió en que esos informes eran "para conocimiento", pero no de actuación, y añadió que en 2006 la memoria de cumplimiento de la Intervención hace mención a estos informes y es en el momento en que Hacienda lo lleva al Consejo de Gobierno "con la propuesta de la Intervención de modificación del control financiero". El Consejo de Gobierno, prosiguió Griñán, incluyó un apartado donde se "instruye" al interventor para que en el supuesto de que no se le haga caso a sus "observaciones o se aprecie fraude o menoscabo de fondos" se hagan requerimientos a las distintas consejerías.

Por su parte, Chaves sostuvo en su declaración que ni conoció ni fue advertido de las irregularidades de los ERE y tampoco las hubiera permitido en caso de saberlo. En contra de lo que afirma la juez Alaya en su último auto, en el que extiende el sistema que considera fraudulento a todas las empresas públicas de la Junta y asegura que el Gobierno andaluz "menospreció" los informes de la Intervención alertando de las irregularidades, el ex presidente andaluz defendió que "nunca" conoció esos reparos ni fue advertido de posibles irregularidades.

Chaves reiteró en varias ocasiones que "no conocía nada" de las transferencias de financiación al IFA de 2000 y 2001 en relación con las ayudas sociolaborales y el convenio marco de julio de 2001.