Existe el espionaje industrial y también el espionaje escolar. Si en el primero el objetivo es arrebatar los secretos de las patentes de la competencia, en el segundo es descubrir el fraude en las matriculaciones en los colegios. Y es que la indignación de los padres por la dificultad de inscribir a sus hijos en el centro deseado va más allá de la queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz -170 en el año 2007-. Son muchos los que para atajar las trampas de otros no dudan en investigar ellos mismos o recurrir a detectives privados, que se abren así a un nuevo segmento de negocio, aunque aún minoritario por su alto precio, pero con tendencia al alza.

La mayoría de las peticiones de los perjudicados por los criterios de admisión son informes sobre la residencia familiar de los que sí se han visto agraciados con un plaza en la escuela demandada. Varias agencias consultadas por este periódico confirman que ésta es la principal causa de sus investigaciones, ya que la táctica más extendida es el empadronamiento en casas de familiares o amigos próximas al colegio con el fin de arañar los puntos que abren sus puertas, al ser este criterio, junto a los hermanos que ya cursan sus estudios ahí, los más importantes para baremar las solicitudes.

El falseamiento del domicilio, según los investigadores, es muy sencillo ante las facilidades dadas por los ayuntamientos, que sólo requieren para el registro en el padrón municipal documentos tan sencillos como las facturas de la luz o el gas.

No obstante, hay quienes dan paso más y, por si la residencia habitual no fuera suficiente, llegan a fingir separaciones o divorcios exprés, que acaban en reconciliación a muy corto plazo, o algo peor, simular enfermedades crónicas de sus hijos, como dermatitis, asma o que son celiacos -padecen intolerencia al gluten-.

Los informes de los detectives acaban en recursos ante el centro escolar o ante la Junta -ésta también puede investigar, pero por su lentitud los padres prefieren recurrir a estas agencias- y muy rara vez acaban en la vía judicial, único caso en el que sus servicios van más allá de la pesquisa para convertirse en parte del procedimiento.

Pero la investigación no se queda en los agentes. Muchos padres se animan a restar tiempo a sus ocupaciones habituales para indagar por qué sus hijos se quedan fuera. Esto hizo una vecina de El Puerto de Santa María, que logró plaza para sus dos hijas tras presionar a la dirección del colegio, en este caso, católico y concertado. Sus pesquisas arrancaron cuando después de tres años pagando religiosamente las cuotas de la escuela infantil privada de la mayor de sus hijas y ésta iba a pasar a Primaria, enseñanza que sí era concertada, le denegaron la plaza. Y no sólo a ella, también a la pequeña que iba a entrar en Infantil. A esto se sumaba que tanto el domicilio familiar y laboral de ambos progenitores estaba justo enfrente del centro.

No le fue difícil desmontar la baremación de muchos de los compañeros de su hija. El conocimiento de sus domicilios reales y la ayuda de un funcionario municipal le sirvieron para constatar que de 50 solicitantes, 30 presentaban un empadronamiento falso. También los hubo que argumentaron que sus hijos eran celiacos. "Era de risa, porque habían estado en los cumpleaños de mi hija y tenía fotos de ellos comiendo tarta", explica esta madre, que logró su objetivo tras advertir al centro de que de no dar respuesta a sus necesidades no dudaría en presentar una denuncia.