La imagen era un clásico hace no demasiado tiempo, aunque ahora el modelo de calificaciones es otro. Antes de las vacaciones de Navidad, Semana Santa o verano, los niños de Primaria llegaban a casa con el boletín de notas. Junto al nombre de cada asignatura, dos siglas significaban el éxito -PA, progresa adecuadamente- o un tirón de orejas -NM, necesita mejorar-. Ahora es el sistema educativo andaluz el que se enfrenta a las calificaciones en un informe elaborado por Save the Children a nivel nacional. El resultado da una de cal y otra de arena. El capítulo de inversión pública per cápita se lleva un suspenso más que evidente, al igual que el fracaso escolar. Pero la comunidad remonta cuando se atiende al sistema de becas y a la implantación del primer ciclo de Educación Infantil, para niños de hasta tres años. Esas variables, junto a la segregación escolar, son las principales que atiende la ONG en su documento.

Queda claro que el sistema educativo andaluz necesita mejorar en materia de gasto público. Si se obvia la enseñanza universitaria, la región está en el vagón de cola en inversión, con 4.110 euros per cápita, según los datos de 2013 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta cantidad sólo supera a la de la Comunidad de Madrid y queda lejos de los 4.569 euros de la media estatal. El informe también alerta del recorte efectuado por la Junta en los años de crisis económica, que, pese a ser menores que en otras regiones, "se han sentido sobre un presupuesto que ya era limitado". En concreto, la educación no universitaria ha perdido "323 millones" entre 2009 y 2013.

Para paliar la infrafinaciación, la recomendación de Save the Children para Andalucía pasa por igualar el gasto con la media nacional. Sin embargo, el informe completo, que analiza la situación del sistema educativo español, pide también un aumento del gasto para equipararlo a la media de la OCDE. Si el Gobierno central cumpliese esta petición, la exigencia para la Administración andaluza sería todavía mayor, puesto que la media de los países desarrollados es todavía mayor que la española.

Si el informe da un varapalo a Andalucía por la escasa inversión, califica positivamente la política de becas de la Junta. Como recuerda el texto, el sistema educativo español es gratuito y universal en las etapas obligatorias, pero existen conceptos -como el material escolar, el transporte o el comedor- que suponen un gasto para las familias. Según la información que la Administración ofrece a la ONG, Andalucía está a la cabeza en número de alumnos becados. La Consejería de Educación afirma que, en 2014, el 49,9% de los estudiantes andaluces recibieron algún tipo de ayuda, frente al 27,5% de la media estatal.

En el apartado de los libros de texto, la norma autonómica garantiza su gratuidad a todos los alumnos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica de los centros educativos sufragados con fondos públicos. En el curso 2013/2014 fueron 900.000 estudiantes los que disfrutaron de este material, propiedad de la administración educativa. Pese que el informe de Save the Children reconoce el esfuerzo, pone como objetivo alcanzar al 100% de la población aumentando la cobertura a las etapas no obligatorias: Infantil y Bachillerato. El documento también valora positivamente las ayudas al transporte escolar, que en el ejercicio 2013/2014 beneficiaron a 98.000 alumnos que no tienen centro educativo en su localidad o viven en núcleos de población dispersos.

El servicio complementario de comedor es otro de los asuntos tratados en el informe de la ONG, que insta a la Junta a aumentar las plazas, así como aquellas gratuitas o bonificadas. "Al menos todos los menores que viven por debajo del umbral de la pobreza deberían ser beneficiarios del servicio gratuito", reza el documento, que extiende la recomendación para los menores con discapacidad. Si se atiende a la primera petición, casi la mitad de los niños andaluces son susceptibles de ello, pues la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE reveló que el 48,1% de los menores de la región está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Save the Children señala varios puntos negros en este servicio, como la falta de oferta ante la importante demanda o el caso de los alumnos discapacitados se quedan sin plaza por la existencia de criterios de prioridad para sus compañeros en riesgo de exclusión social. También alerta de la falta de acceso a bonificaciones para los estudiantes de colegios concertados, que reciben fondos públicos igualmente.

El documento también menciona las becas 6.000 o la beca Adriano, destinadas a facilitar la continuidad en el sistema de los jóvenes de familias con escasos recursos tras la educación obligatoria. Por otra parte, aunque Save The Children afirma que la política de becas de la Junta es "muy de valorar", insta a la Administración a que garantice el pago de todas las becas antes del curso escolar para "garantizar la continuidad del proceso educativo".