La nueva política fiscal que prepara la Junta de Andalucía sobre el agua, con la asunción por la Agencia del Agua de un canon de depuración, continúa levantando suspicacias entre los distintos gestores del recursos a pesar de que aún no se ha formulado la ley que regulará el nuevo impuesto. Si los regantes se han negado ya a que se aplique sobre ellos la tasa; las suministradoras del servicio urbano reclaman parte del pastel ya que se les encomendará a ellas la función de recaudación y, además, son muchas las infraestructuras de depuración levantadas en los últimos años, en parte, con la inversión de las empresas municipales.

Actualmente, son 23 las suministradoras que aplican un canon de depuración, lo que afecta aproximadamente al 45% de los usuarios andaluces. Una vez aprobada la nueva Ley de Gestión Integral del Agua de Andalucía, que trasladará a la normativa el acuerdo suscrito por el Consejo del Agua en febrero, será la Agencia Andaluza la que asuma este impuesto para aplicarlo a toda la población y hacer frente a la inversión de unos 1.500 millones necesaria para que toda Andalucía tenga en 2015 unos servicios de saneamiento y depuración de aguas aceptables.

"La Junta de Andalucía debería compensarnos por el coste que supone ser recaudadores de esa tasa, porque eso cuesta dinero", sostiene Manuel Bermúdez, gerente de la ASA, la asociación que agrupa a las empresas de abastecimiento y saneamiento. "Hay muchos ciudadanos que han pagado durante muchos años para financiar unas infraestructuras de unas empresas que han hecho sus deberes a tiempo y deben tener una compensación. Si no se hace así, sería una doble imposición", añade el portavoz de esta asociación técnica que reclama el canon de depuración para todos los usuarios, y no sólo para el consumo doméstico.

En ASA, además, entienden que en el impuesto que gestionará la Junta -que en el Acuerdo del Agua se bautiza como "Canon de infraestructura urbana del agua"- debe sustituir únicamente a las tasas que hoy se aplican por las instalaciones de depuración; dejando así en manos de las empresas suministradoras el canon de infraestructuras. Solo así, añade Bermúdez, podrán hacer frente las empresas a la inversión de 3.500 millones que es necesaria para mejorar las canalizaciones urbanas. "Entre el 45% y el 60% de estas redes tienen más de 25 años de antigüedad. Hay que modernizarlas y no hay dinero", explica Bermúdez. Actualmente el 26% del agua puesta en la red se pierde, principalmente por las fugas.

"Estamos esperanzados e ilusionados en que la Ley del Agua aborde de forma integral la gestión y no sea una mera ley recaudadora", sostiene el portavoz de ASA que reclama que, con la revisión de las concesiones que deberá acometerse, las aguas de mejor calidad se destinen el consumo urbano.