El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar a la Fiscalía y las demás acusaciones, respondiendo únicamente a las preguntas de su defensa. Así, ha negado que solicitara una ayuda sociolaboral a la Junta de Andalucía, y ha añadido que cuando llegó la resolución de concesión "se negó a firmarla". "No he recibido ningún euros de la ayuda sociolaboral ni he pagado a los trabajadores dinero de ninguna ayuda", ha insistido el empresario, que en algunos momentos de su declaración se ha emocionado.

Carles Vandellós sí ha admitido que partición en reuniones con el entonces director general de Trabajo Juan Márquez y con los sindicatos, y ha aseverado incluso que no tenía conocimiento del ingreso de los 84.000 euros de la ayuda, porque era un dinero de una resolución que se negó a firmar, ha reiterado, al tiempo que ha señalado que entiende que fue la propia Junta de Andalucía "la que promovió esa ayuda" porque él en ningún momento la solicitó.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que el administrador de Nerva Croissant –una empresa ubicada en la localidad onubense de Nerva y dedicada a la fabricación de productor de panadería, bollería y pastelería– consiguió llegar hasta el director general de Trabajo Juan Márquez, “sabedor de que la Junta concedía ayudas con fondos públicos al margen del procedimiento legalmente establecido”.

De esta forma, Carles Vandellós consiguió en el mes de agosto de 2009 que Juan Márquez le concediera “de manera absolutamente injusta y arbitraria” una ayuda de 84.522,13 euros, actuando “con el conocimiento y consentimiento de sus superiores jerárquicos, Antonio Fernández García y Agustín Barberá, consejero y viceconsejero de Empleo, respectivamente”.

La agencia Idea efectuó un primer pago del 75% de la ayuda, 63.391,59 euros, que fueron embargados por la Tesorería General de la Seguridad Social por las deudas que el empresario tenía por importe de más de 100.000 euros. Ante la imposibilidad de materializar la ayuda, la dirección general de Trabajo concedió el 9 de diciembre de 2009 otra ayuda de 63.391,59 euros a la empresa Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva, de la que Vandellós también era administrador, a pesar de que esta sociedad “carecía de actividad alguna y no tenía trabajadores en su plantilla”.

Así, “pretendían asegurar que la ayuda se hiciera efectiva en favor de algunas de las sociedades controladas por el acusado”, que no ha devuelto el dinero a pesar de que la Junta acordó en 2012 su reintegro en un procedimiento de revisión de oficio. El Ministerio Público reclama además que indemnice a la Junta de Andalucía con 147.913,72 euros por los pagos realizados por la agencia Idea a sus empresas Nerva Croissant y Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva.

"La ayuda que tan generosamente nos ha ofrecido"

En la primera sesión de este juicio, que continuará el próximo 21 de junio, han declarado varios testigos, entre ellos el ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, quien ha indicado que no tenía conocimiento de que la agencia Idea había concedido a esta empresa tres ayudas en 2004 por esos 147.000 euros, ni tampoco si tenía deudas con la agencia tributaria o la Seguridad Social porque no tenían acceso a esos datos. 

El fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra le ha exhibido al ex alto cargo un correo enviado por el empresario de Nerva Croissant en la que agradecía "la ayuda que tan generosamente nos ha ofrecido", a lo que Juan Márquez ha contestado diciendo que no se había ofrecido al acusado ninguna ayuda, puesto que él se había reunido sólo con el comité de empresa, con el que se llegó a un acuerdo porque los trabajadores estaban en huelga al no cobrar sus nóminas desde hacía meses antes.

Márquez ha añadido que en este caso se trataba de una "pequeña empresa" y ha defendido que en la dirección de Trabajo tenían "muchos frentes abiertos de mayor enjundia y envergadura".

El fiscal también le ha mostrado la solicitud de la ayuda, en la que no consta la firma del solicitante, y en este sentido Juan Márquez ha señalado que "nunca" tuvo acceso a los expedientes administrativos, puesto que su función se limitaba a la firma de la resolución de concesión de la ayuda.

También se le ha mostrado otra carta del empresario en la que este señalaba que se habían realizado actuaciones que "no se ajustaban a la legalidad" y de "irregularidades", que el ex director de Trabajo ha negado que conociera a qué se estaba refiriendo.

El juicio ha comenzado con las cuestiones previas que ha planteado la defensa, que ha solicitado la nulidad de las actuaciones y la vulneración de los plazos de instrucción que fija el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque el tribunal ha anunciado que resolverá estas cuestiones cuando se dicte sentencia.