El decreto ley de la Junta de Andalucía sobre la función social de la vivienda entrará mañana en vigor tras su publicación hoy en el BOJA. Desde ese momento, 215 familias a las que la Junta ya ha identificado como necesitadas de protección pueden pedir a la Administración que inicie la expropiación de las viviendas a los bancos que las desahuciaron. Otra cosa es que lo hagan, porque la Administración anota que siempre estará disponible la negociación con las entidades financieras. Pero la posibilidad está abierta tras la aprobación del decreto ley.

Estas personas han pasado por las oficinas de defensa contra los desahucios que abrió la Consejería de Fomento y Vivienda en octubre. Estas oficinas vienen prestando asesoramiento y defensa jurídica a las víctimas de desahucios y, hasta el 31 de marzo, han contabilizado 215 casos en los que el desahucio provocaría las consecuencias que quiere evitar el decreto ley: la exclusión social.

Los funcionarios de las oficinas han diagnosticado que se pueden dar casos de marginación y graves daños en la salud física o mental en estas personas de ser desalojadas de sus viviendas. Cumplirían con los requisitos que marca el decreto ley para solicitar esta actuación de la Administración, entre otras, la incapacidad económica para hacer frente al pago hipotecario y un fehaciente riesgo de exclusión social.

Son casos de "emergencia social" y en este punto quisieron incidir ayer los responsables del decreto tras la cascada de reacciones que produjo el anuncio, tanto a favor como en contra.

No habrá expropiaciones masivas del patrimonio inmobiliario de los bancos. Se trata de contar con una herramienta administrativa para proteger a las personas que han perdido su vivienda por el impago de las cuotas hipotecarias y no tienen entorno familiar ni otras formas de subsistencia, anotaron. Son casos excepcionales, de emergencia. Los servicios sociales de los ayuntamientos tienen que acreditarlo.

La Junta expropia por un máximo de tres años el inmueble y la familia continúa en la vivienda, abonando una renta a la Junta de un 25% de sus ingresos. La expropiación conlleva un gasto público (el justiprecio, un 2% del valor del inmueble) a pagar a las entidades financieras, por lo que se presenta como la última opción.

La Administración incide en la prevención y alienta a que acudan a las oficinas aquellos que están desempleados y no están en mora o los que incluso están estudiando las condiciones de la hipoteca. El escalón se complica al subir al grado de intermediación, cuando ya hay anuncio de desahucio pero aún hay margen para la negociación. Por último están los catalogados como usuarios de los servicios de protección. Son aquellos que han sido desahuciados. Entre éstos, muchos cumplirían los requisitos para solicitar a la Junta la expropiación de las viviendas, petición que la Administración valoraría.

Son 215 casos identificados en la comunidad. Desglosado por provincias, 47 en Cádiz, 39 en Málaga, 27 en Sevilla y en Almería, 24 en Granada, 22 en Huelva, 16 en Jaén y 13 en Córdoba. Algunos de estos datos los ofrecieron ayer los delegados provinciales de la Junta en convocatorias de prensa en las capitales de provincia.

El escaso número de beneficiarios de esta medida contrastó con la explosión mediática que provocó. Una enorme repercusión política, por ser la primera medida de calado del Gobierno de PSOE e IU, frente al mapa casi monocolor del PP. Económica, porque se dirige por primera vez a los bancos, a los que amenaza también con multas de 9.000 euros si no ponen sus casas vacías en alquiler. Jurídica, porque contrapone al derecho a la propiedad privada el también constitucional de la función social de la propiedad. Y social, porque el drama de los desahucios ha sensibilizado a gran parte de la población y ha provocado reacciones tan controvertidas como el escrache.

Otras comunidades anunciaron que imitarán la medida y el Gobierno estudiará un "encaje jurídico" que avaló (en principio) el Poder Judicial .