En el país de los ciegos el tuerto es el rey. El refranero popular sirve, cómo no, para definir la situación actual de la clase política donde acaso haya que felicitar a Rosa Díez (Sodupe, Vizcaya, 1952) por un 4,33 que la sitúa como la dirigente más valorada, según la última encuesta del CIS. A su lado, Mariano Rajoy apenas logra el 2,81 y Alfredo Pérez Rubalcaba recibe un 3,40. Lejos de refugiarse en el dudoso honor de liderar la estima ciudadana entre suspensos y ante el bucle de corrupción que enfanga el país, la cofundadora de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y ex PSOE reclama a los suyos y a los de enfrente "comportarnos urgentemente de una manera decente para salvar la democracia y nuestras propias instituciones." Como suele, el mantra de su discurso es la reforma de la ley electoral y abrir el camino hacia un Estado federal. Esta semana ha estado en Sevilla para reflexionar sobre política con los simpatizantes de un partido que, en términos de respaldo electoral, ha roto la foto fija del Congreso de los Diputados.

-El suspenso generalizado de los políticos en los datos del CIS ya no sorprende.

-Hace muchos años que ningún político aprueba ni en la del CIS ni en otro tipo de encuestas, lo cual es verdaderamente preocupante. Porque la política y la democracia son inseparables y los políticos somos instrumentos imprescindibles. Esta desafección que hay entre la ciudadanía y la política es un lastre que nos impide actuar de manera más efectiva para recuperarnos de la crisis económica y social. Cuando los ciudadanos por hartazgo o por desesperación pasan de la política, pueden llegar a las instituciones personas que pasen de los ciudadanos.

-Si hubiera listas abiertas, ¿se percibiría transparencia en el funcionamiento de los partidos?

-Por supuesto. Para que nuestra democracia sea de mayor calidad, la reforma de la ley electoral es imprescindible. Y no estamos hablando de escaños. Los ciudadanos tienen que recuperar el control sobre la política y sobre los partidos. No sólo porque no hay nada más desesperante que saber que tu voto, dependiendo de a qué partido votes vale 7, 8 o 1, que es por lo que mucha gente opta por quedarse en casa, sino que debemos caminar hacia un procedimiento de listas abiertas, en el que los ciudadanos elijan a una persona porque conocen que ha hecho algo y no sólo por ir dentro de la lista de unas siglas. Es imprescindible la limitación de mandatos en los cargos, especialmente ejecutivos. Y pedir, como hemos hecho, que en las comisiones de investigación esté representado un diputado por partido, no por mayorías, que son las que abocan a que las resoluciones estén escritas de antemano. En Andalucía, si hubiéramos sido clave tras el 25-M, no habríamos pedido consejerías, sino la reforma de una ley, como hemos hecho en Asturias.

-¿Qué salida le ve al Partido Popular con el caso Bárcenas?

-Afortunadamente, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción están investigando esas cuestiones. Estos últimos días se está hablando mucho de los papeles de Bárcenas pero lo que asusta a la gente es que no se trata de un caso aislado y afecta a todos los partidos en todas las comunidades. Por eso la democracia está enferma. Debemos reforzar las leyes para perseguir la corrupción política y hay que modificar el Código Penal. Hay que promulgar una Ley de Transparencia de la que no se escapen ni la Casa Real ni los partidos políticos... Tenemos mucha tarea jurídica legislativa.

-Ni estando en horas tan bajas el PP, el PSOE logra remontar en intención de voto, ¿por qué?

-Me fui del PSOE porque había dejado de ser un partido con sentido de Estado y un partido que respondía en todo el Estado al mismo criterio, pero sobre todo a los mismos principios y al mismo proyecto. Yo creo que es lo que le falta. Los ciudadanos no le ven como un partido nacional que defienda al Estado, lo ven como una suma de partidos que dependiendo del territorio hace lo que le conviene a nivel electoral y no pensando en el interés del conjunto del Estado.

-El Gobierno tiene en cartera una Ley de Transparencia, ¿qué espera de ella?

-Hemos presentado un montón de enmiendas para que sea más exigente. En el último informe de Transparencia internacional, España ocupa el país 35, al mismo nivel que Botsuana. Es una ley que se queda corta, que mantiene, por ejemplo, el silencio administrativo, un elemento que corta la capacidad de los ciudadanos de obtener información pública. Debería ser accesible sin necesidad de pedirla y sin tener que argumentar por qué la quieres, que es lo que aparece en el proyecto de ley.

-Un caso práctico en Andalucía.

-Si los reiterados informes de los interventores sobre la ilegalidad de determinadas decisiones hubieran llegado a la opinión pública, no se habría llegado donde se ha llegado en el caso de los ERE.

-Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) revela que el 60% de los andaluces no están satisfechos con el sistema democrático. El malestar con la crisis, el paro y la corrupción ¿puede hacer peligrar el modelo?

-¿La democracia?

-Sí.

-No. Lo que la gente rechaza es este nivel de democracia. Es una respuesta inducida que tiene que ver con el cabreo general pero no con el desafecto de los ciudadanos hacia la propia democracia. En España hemos vivido sin democracia demasiados años y hasta hace muy poquito. Lo que queremos es una democracia de más calidad y tenemos derecho a construirla.

-Propone un Estado federal cooperativo y que se devuelvan las competencias, como educación y sanidad. ¿Suena contradictorio?

-El modelo es el de Alemania. Proponemos una alta descentralización política y un Estado Federal, o sea un Gobierno Nacional, que tenga competencias para garantizar los servicios básicos efectivos. Lo explico de otro modo: en España hay 17 sistemas educativos y 17 sistemas sanitarios. Por lo que, dependiendo de la parte de España en la que vivas, ese derecho es efectivo o no lo es. Si los recursos transferidos a una comunidad autónoma para sanidad o educación se los gasta en abrir embajadas en el exterior o en poner en marcha televisiones y radios públicas en cualquier otra francachela, el modelo que defendemos garantiza que eso no va a ser así. Hoy, la mayor parte de las comunidades autónomas recortan en servicios esenciales básicos; reciben dinero del rescate del conjunto de los españoles y en lugar de destinarlo a esos servicios -a quitar a los niños de aulas barracones, a pagar la calefacción de los centros sanitarios, a pagar la dependencia...- se lo gastan en cualquier otra cosa.

-¿En su modelo entran las televisiones públicas autonómicas?

-Las televisiones autonómicas públicas nunca serían derechos elementales básicos. Si a usted le sobra, ponga una televisión o 20 para que salga el gobernante todos los días, pero pague antes quirófanos y la asistencia a los mayores.

-Experimentó una subida importante desde Andalucía en las generales, pero en las autonómicas su candidato, Martín de la Herrán, no entró en el Parlamento. ¿No se entienden sus propuestas a nivel regional?

-En las elecciones autonómicas, tuvimos en Andalucía unos 130.000 votos. Es el diputado más caro de la historia de la Humanidad. Con esa cifra de votos y no entró en el Parlamento. Si divide los votos que obtuvo PP, PSOE e IU por el número de parlamentarios que tienen, verá que le costó 4 o 5 veces menos que a nosotros. Es una ley electoral absolutamente impresentable en términos democráticos y de igualdad.

-Esa es una razón. La otra es el excesivo personalismo de usted sobre las siglas de UPyD.

-¿Pero esto quién me lo achaca? Los ciudadanos cuando van a votar no me lo achacan. Eso son recursos de mal político. Algo tienen que decir. Con más de 207.000 votos, el 25% de los electores que obtuvo UPyD en toda España vino de Andalucía y aún así no logramos tener un diputado. Por cierto, que IU llevaba en su programa cambiar la ley electoral y ha preferido cambiarlo por un vicepresidente y varias consejerías.

-En la página web de su partido se aceptan donativos a partir de 10 euros. Si le llegara una extraordinaria donación de 200.000 euros, ¿qué haría?

-Nunca nos ha pasado. Si llegara, no se aceptaría y punto. No es legal.