Jesús Maeztu explicó en la presentación de uno de sus informes como Defensor del Menor que es muy probable que un niño pobre se convierta, con los años, en un adulto pobre.

Un chaval que no tiene acceso, por ejemplo, a internet, tendrá menos posibilidades de llegar a un puesto de directivo que un compañero de su clase que sí pueda consultar sus dudas en un ordenador.

¿Cuántos menores hay en Andalucía con problemas de este tipo? Hay múltiples índices que miden la pobreza infantil, pero entre todas destaca la tasa Arope, que analiza el riesgo de pobreza o exclusión social.

Según el Observatorio de la Infancia de Andalucía –que se integra en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales–, el 38,7% de los menores de 18 años que residen en la comunidad están en riesgo de pobreza.

Son 624.738, según estima el órgano público a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. Si todos vivieran en una misma ciudad, sería la segunda más poblada de la región, sólo por detrás de Sevilla.

Diez puntos menos de pobreza infantil

El dato es de 2017, aunque es el último disponible, y deja patente que, en materia de pobreza infantil, también hay una brecha entre Andalucía y la media estatal. El porcentaje de menores en riesgo de exclusión en España se queda en el 31,3%.

El Defensor del Menor y organizaciones no gubernamentales como Save the Children llevan años poniendo el foco en la situación de estos menores, pero es cierto que en esta legislatura se han experimentado avances en la materia.

Quedan lejos ya las cifras de 2014, cuando la crisis económica empezó a remitir y la tasa de menores en riesgo de pobreza inició un camino de reducción que debe seguir en la estadística de 2018.

Hace cuatro años más de la mitad de los niños y adolescentes andaluces presentaban riesgos de exclusión social. Al año siguiente, 2015, la proporción bajó al 48,1%, mientras que en 2016 la tendencia se mantuvo para alcanzar el 46,9%. Más espectacular fue en 2017, cuando el porcentaje se quedó en el 38,7% mencionado anteriormente.

Con la pobreza infantil ocurre lo mismo que con otros indicadores relacionados con el devenir económico, como puede ser la reducción del paro y la creación de empleo. Andalucía reduce estos índices a un ritmo mayor que el resto de España, entre otras razones, porque partía de una situación más complicada.

La brecha entre Andalucía y España en materia de población infantil en riesgo de exclusión se ha reducido esta legislatura desde los 14 puntos que había en 2015 a los menos de siete que quedaban en 2017. Todavía no hay registros de 2018, aunque está a punto de acabar, pero la previsión es que la tendencia siga en positivo, tanto a nivel estatal como regional.

A pesar de los avances, más de un tercio de los niños y adolescentes andaluces están en riesgo de pobreza, por lo que el próximo inquilino de San Telmo tendrá que afanarse para acabar con este problema.

Plan de Infancia y Adolescencia

Para ello cuenta ya con un Plan de Infancia y Adolescencia aprobado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y con vigencia hasta 2020. Entre las medidas encaminadas a reducir la pobreza infantil puestas en marcha por la Junta en los últimos años destaca la renta mínima de inserción, la ayuda que venía a sustituir al salario social y que, por el momento, acumula retrasos de varios meses.

En su momento la ONG Save the Children advirtió de que con un presupuesto de 98 millones de euros –que es lo que tiene consignado en el Presupuesto vigente– no podría solucionar los problemas de las familias con problemas socioeconómicos. Son esas las familias que no pueden afrontar gastos imprevistos –el 46,5% de las andaluzas–, como puede ser una urgencia odontológica.

Cuatro de cada diez tampoco pueden permitirse, al menos, una semana de vacaciones al año. Y hay un 16% de niños que viven en hogares con baja intensidad en el trabajo, es decir, familias donde los padres trabajan menos de dos meses y medio a lo largo de un año completo.

Esa situación favorece que un 8,6% de los niños vivan en viviendas que no pueden mantener la temperatura adecuada, por falta de calefacción en invierno y ausencia de aire acondicionado en verano. Y un 6,7% que no pueden hacer los deberes si necesitan un ordenador.