Un total de 37 ayuntamientos andaluces ya han adjudicado o tienen en proceso de adjudicación un parque residencial protegido de 3.412 viviendas a través de los registros municipales de demandantes de VPO. Desde la aprobación de la Ley del Derecho a la Vivienda en febrero del pasado año, los ayuntamientos tienen un plazo de tres años para aprobar un registro municipal en el que se inscriban sus vecinos con necesidad de vivienda protegida. Unos 220 municipios ya cuentan con esta herramienta, que representan al 73% de la población, y ya han recibido más de 70.000 solicitudes. Este esqueleto comienza ahora a rellenarse con el objeto deseado y que le da sentido: ofertas de promociones de viviendas.

Ésta es la primera información por la cual se conoce el número de viviendas ya disponible en el mercado de los registros, extraída por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la herramienta informática que utilizan los municipios. Hasta el momento la Junta venía informando de la apertura de estos instrumentos o del número y perfil de los demandantes.

De las 3.412 VPO que salen al mercado, 2.260 pisos (un 65%) se adscriben al régimen de venta y 1.152 (el 35% restante) se ofertarán en arrendamiento, bien mediante la fórmula de alquiler de renta básica o a través de la modalidad de alquiler con opción a compra. Esta última vía ofrece la posibilidad de acceder a la propiedad del inmueble pasado unos años -entre siete y diez-, con la particularidad de que al precio final del piso se le descontará parte del dinero que se haya abonado en concepto de rentas.

Cinco de las ocho capitales andaluzas son las primeras en recurrir a estas bases para realizar esta operación de acuerdo con la normativa vigente y que afecta a una bolsa residencial protegida con capacidad para 1.909 viviendas protegidas. En Córdoba -la primera ciudad que aprobó esta herramienta junto a Isla Cristina- estas promociones ascienden a 660 VPO, en Granada a 505, en Huelva a 136, en Málaga a 119 y en Sevilla a 489. Por provincias, en Almería los consistorios de Roquetas de Mar y El Ejido son los primeros que han recurrido a estas bases de datos para comercializar 399 VPO.

En Cádiz, los demandantes inscritos en los registros de Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Algeciras y Chipiona pueden optar a alguna de las 219 viviendas protegidas ofertadas; mientras que en Córdoba la capital, Doña Mencía, Villanueva de Córdoba, Cabra, Cardeña, Luque, Fuente Ovejuna, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo también han comenzado el proceso para adjudicar a través de esta herramienta un total de 766 inmuebles protegidos.

En la provincia de Granada, la capital, Pinos Puente, Loja y Cúllar Vega ya han iniciado la selección de los solicitantes para tres promociones de 569 VPO. En Huelva son la capital, Punta Umbría, Almonte, Ayamonte y San Juan del Puerto quienes también han hecho uso de este instrumento para ofertar 400 inmuebles protegidos, Mientras, en los municipios jiennenses de Alcalá la Real y Andújar han sido un total de 48 VPO. Y en Málaga, además de la capital, Antequera pone a disposición 147 inmuebles protegidos.

En Sevilla por último, además de la capital hispalense tienen viviendas disponibles los demandantes de Lebrija, Casariche, Lora de Estepa, Marchena, Morón de la Frontera, Tomares, Osuna y Villanueva del Río, con un parque previsto de 864 VPO.

El compromiso de la Junta con la VPO ha variado desde aquellas previsiones iniciales que alumbraron el Pacto por la Vivienda en 2007 y el posterior plan concertado 2008-2012. El objetivo inicial era la oferta de 300.000 viviendas hasta 2017, y de 100.000 en los cinco años del plan.

Pero los datos no están claros. En los últimos meses se ha escuchado a la nueva consejera del ramo, Josefina Cruz Villalón, hablar de que el compromiso hace referencia a actuaciones en lugar de a VPO y afirmar que este objetivo se ha reorientado hacia el alquiler. Las principales trabas proceden del sector financiero y el cierre del grifo crediticio que impide a los adjudicatorios de VPO hacerse con las viviendas.

El pasado martes en comparecencia parlamentaria, Cruz Villalón destacó que 12.033 familias han accedido desde 2008 al mismo número de VPO construidas y comercializadas por la Junta.