Vagos resultados en el primer año y medio de aplicación de la Ley de Dependencia. Seis meses después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, denunciase en un informe el "déficit crónico" en Andalucía de los servicios asistenciales a dependientes, el escenario no ha variado, con unos recursos sociales "sobrecargados que se deben incrementar".

Chamizo presentó ayer ante la Comisión de Igualdad del Parlamento andaluz este informe y anotó que el déficit de plazas del que advirtió hace meses provoca que las administraciones opten por otorgar prestaciones económicas, unas pagas a los familiares que "están tomando más protagonismo de las que las dotó la Ley".

La "sospecha" de Chamizo se fundamenta en los datos que publicó el Imserso en julio, actualizados ayer por el Ministerio hasta el 1 de septiembre. La tendencia no varía y más de la mitad de las ayudas, el 51% en la comunidad andaluza, son pagas económicas que en la Ley tienen un carácter "excepcional".

Andalucía, según el trabajo de la institución, está por debajo de la media española en las ratios de ayuda a domicilio y en plazas residenciales "a pesar del incremento en los últimos años", las unidades de fin de semana están "escasamente implementadas" y aún no se han abordado las estancias de noche. Sólo en teleasistencia, plazas diurnas y subvenciones a ayudas en el hogar se sitúa la comunidad por encima de la media nacional.

En Andalucía hay un equilibrio entre los servicios asistenciales y las pagas, mientras en otras comunidades la casuística ofrece que no se oferten plazas ni servicios en Galicia o Murcia; que los recursos prevalezcan sobre las pagas, como en Valencia, País Vasco o Navarra, y que Cataluña opte incluso más que Andalucía por la prestación económica.

El análisis del Defensor sobre la aplicación de la Ley no paró en el déficit de recursos y alertó sobre otros problemas que han llegado a conocimiento de la institución en forma de "bastantes" quejas ciudadanas.

La mayoría, señaló Chamizo, por la demora en recibir las ayudas una vez se ha diagnosticado al dependiente, aun cuando la Ley establece tres meses desde la valoración. Falta personal baremador, un criterio "homogéneo a todos los niveles a la hora de la valoración" y que la Ley contemple la retroactividad ante los retrasos. "No hay quejas si son pagas, pero si se decide un servicio y la persona fallece mientras espera, ¿cómo se compensa?", se preguntó Chamizo.

El decálogo de inquietudes del Defensor ante la Ley de Dependencia incorpora las quejas de las familias disconformes con los resultados de la evaluación o por la "insuficiencia" de la cuantía económica que, en su opinión, "podría aumentarse con un complemento autonómico". La desinformación y la confusión de algunas personas, "que tienen miedo a que se le reduzcan las pensiones si acceden a la Ley" es para Chamizo motivo para que la Junta aclare con campañas las dudas de la opinión pública.

La necesidad de avanzar en la "adecuada" atención que se debe ofrecer a las personas dependientes impulsó a Chamizo a demandar de los poderes públicos la "atención suficiente". Y expresó un último temor: que la crisis económica trabe las esperanzas de las familias de recibir una ayuda.

Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social, le respondió ayer en declaraciones a Europa Press que "no se va a producir ningún recorte" y aseguró que "no ha habido ningún momento en el que el Gobierno central o autonómico hayan manifestado que se fuera a producir ningún recorte" en la financiación de esta norma. "No cabe la posibilidad", zanjó.

Igual de tajante fue la secretaria de Estado de Política Social, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, que destacó como "lider" a Andalucía en la aplicación de la Ley, al tener "más solicitudes, más valoraciones, más servicios y más personas con reconocimiento de prestaciones económicas".