Andalucía

Las defensas alegan que las leyes no son delictivas

  • El abogado de Zarrías tacha de ridículo que el proyecto de ley sea una “resolución” ya que no resuelve nada, lo hace el Parlamento

Magdalena Álvarez habla con Manuel Chaves durante el juicio. Magdalena Álvarez habla con Manuel Chaves durante el juicio.

Magdalena Álvarez habla con Manuel Chaves durante el juicio. / EFE

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Las defensas lo han dicho todo, ocho abogados han hablado ya en el juicio de los ERE para tratar de derribar los puntos más delicados de la acusación. El tribunal va a responder a varias preguntas que, planteadas tal como las han presentado las defensas, tienen una respuesta sencilla. Primera cuestión: ¿puede delinquir un Gobierno al aprobar el proyecto de ley de presupuesto? Segunda: de ser así, ¿cuál es la sustancia del delito: el proyecto o la ley en sí? Y tercero: si la ley es ilegal, ¿son culpables los parlamentarios que la aprueban?

Las cuestiones afectan de modo especial al ex presidente Manuel Chaves, cuya participación en el caso de los ERE se reduce a presidir los consejos de Gobierno, donde se aprobaban las leyes de presupuesto anuales que eran las que incluían las partidas destinadas a pagar a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo. La participación del ex presidente, así como la de su vicepresidente Gaspar Zarrías, incluía también las llamadas modificaciones presupuestarias de la partida 31L. Es decir, cada vez que se agotaba el fondo, como ocurre con otras muchas cajas presupuestarias, se podía aprobar un crédito, y se aprobaba en consejo. Pero siempre llegó avalado por el informe de la Intervención General de la Junta y por la dirección general de Planificación de la Consejería de Economía.

Son 22 acusados, y cada uno de ellos se sienta por una participación de distinta naturaleza. En los casos de Chaves y de Zarrías, así como en buena parte del de José Antonio Griñán, la acción se reduce a eso, al consejo de Gobierno. "Se trata, por tanto, de un acto político que se aprueba para que llegue al legislativo, el Parlamento con el único límite de la Constitución", alegó el abogado de Griñán, José María Mohedano. El más duro ha sido en sus calificativos fue el de Gaspar Zarrías, el letrado Gonzalo Martínez Fresneda, quien tachó de "ridículo" que un proyecto de ley, que es lo que aprueba el Consejo de Gobierno, sea una "resolución, porque no resuelve nada, es el Parlamento quien aprueba la ley. ¿Y si no se aprueba? ¿Sería delictivo algo que no existe?" "Las leyes no son delictivas", zanjó. Los abogados tuvieron la oportunidad de leer sus escritos después de que la Fiscalía se hubiese empeñado el miércoles en hacer lo propio con su escrito de acusación, estos días iban a servir para presentar las cuestiones previas, pero el Ministerio Público dejó una ventana abierta por donde van a desfilar todos los abogados.

En apariencia, no parece perseguible un proyecto de ley de presupuesto bajo el argumento de que contenía partidas supuestamente ilegales. Y más cuando el argumento empleado por la instructora Mercedes Alaya es que el Parlamento no captó esta ilegalidad porque estaba oculta a sabiendas de que sus señorías no tienen el tiempo ni la paciencia para mirar estas entrañas. De este modo, el relato de Alaya fue que Chaves, Griñán y Zarrías sí conocían la ilegalidad y que la lanzaban de tapadillo para que la aprobasen los parlamentarios. Esta teoría, sin embargo, sí fue respaldada por el juez del Supremo que los comenzó a procesar, daba crédito a que tan altos dirigentes de la Junta estaban al corriente de cómo se mimetizaban las partidas entre tantos números.

Pero es que las defensas niegan la mayor: sostienen que la partida 31L sea punible; lo será su aplicación, el gasto de ella, pero no la aprobación. "La presupuestación del gasto no tiene incidencia en el gasto", declaró el abogado de Carmen Martínez Aguayo.

Esta es otra de las cuestiones claves que debe resolver el tribunal. ¿Es ilegal la partida? La base de la instrucción de Mercedes Alaya se sustenta en eso, en que hay una ilegalidad en la aprobación de estas subvenciones, porque son "transferencias de financiación" que iban desde la Consejería de Empleo al IFA para que fuese este último organismo el que pagase a los trabajadores. Y en opinión de Alaya, las transferencias sólo se deben utilizar para equilibrar la cuenta de resultados de las empresas públicas. Las defensas hicieron mención de un escrito del interventor general de la Junta, Manuel Gómez, también procesado, en el que sostenía que las transferencias no eran el medio "idóneo" para pagar las subvenciones, pero en ningún caso eran ilegales. Y el abogado de Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Economía, recordó que la ley no lo prohíbe, sino que limita las transferencias hasta equilibrar las cuentas de la sociedad pública.

Estas matizaciones jurídicas dan credibilidad al relato que sostiene que el sistema ideado por la Junta no fue ilegal, sino laxo, y que estaba concebido para pagar unas pocas ayudas. Al extenderse en su aplicación durante diez años, pudo ser utilizado por quienes realmente querían delinquir y desviar fondos para uso propio o de sus allegados, caso del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Éste terminó concediendo una ayuda a su propio chófer.

De ese modo, las defensas que ya han intervenido sostienen que un proyecto de ley no es ilegal, porque lo sería la propia ley, y ésta la aprueba el Parlamento; que las modificaciones de crédito venían avaladas por la intervención, y que el sistema en sí no pretendió sortear la ley, sino agilizar el trámite sin incurrir en irregularidad penal. Para estas defensas, habrían sido algunos responsables de Empleo quienes habrían caído en delito a la hora de adjudicar las ayudas.

El abogado del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, también se refirió al delito de malversación del que se acusa a algunos procesados. Si se supone que los 741 millones de euros pagados a los 6.300 parados son objeto de una malversación, de un dinero público distraído, ¿por qué no se le pide el dinero a los beneficiados? ¿O por qué no se les procesa? Ningún instructor ni fiscal ni acusación ha solicitado que estos ex trabajadores dejen de cobrar las ayudas que actualmente se siguen pagando.

A todas estas preguntas respondió en parte el informe de los peritos de la Intervención General del Estado, llamados por la juez Mercedes Alaya. Ese informe va ser el principal objeto de crítica de las defensas; es la base de la acusación, ya que no hay otras pruebas, tales como escuchas, escritos o informes, que avalen que hubo una conjura de los procesados para idear el sistema.

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