Fuego a discreción. El funcionario de la Agencia Tributaria A-062024876991 F está en el centro de la diana. Derrumbar sus argumentos es doblemente importante para las defensas del caso Malaya. En primer lugar porque es quien tiene todos los datos en la cabeza de la operación Crucero Banús, la pieza que se dilucida ahora en el macrojuicio por la corrupción en Marbella. Y en segundo lugar porque es la espina dorsal del caso. El juez instructor Miguel Ángel Torres lo empotró en el grupo de investigación de Malaya en el primer minuto y fue el último en irse. Ayer dio pruebas de conocer hasta el más pequeño detalle del procedimiento y hasta el más nimio de los papeles. Por tanto, generar fisuras en sus tesis no es sólo importante para este bloque de la vista oral, sino para devaluar el conjunto de su testimonio.

Ante estas circunstancias los abogados se están empleando a fondo. Así, la letrada de Juan Antonio Roca, Rocío Amigo, invirtió dos horas en un interrogatorio preciso y duro para buscar aristas a través de las que atacar la afirmación de que el presunto cerebro de la trama sólo aportó 91 millones de pesetas y no los 108 que le corresponderían para participar al 15% en la compra de un solar que costó 4,3 millones de euros y fue vendido unos meses después por 10,3 millones. Los más de 98.000 euros que faltaban, según la acusación, presumiblemente los tuvieron que aportar sus socios en el negocio: el ex teniente de alcalde de Marbella hasta 1998, Pedro Román, el comisario retirado Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffmann.