Los responsables de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la bajada de ratios escolares esperan que el Parlamento andaluz "sea permeable a los argumentos de la comunidad educativa y la iniciativa sea aprobada, pese a la posición contraria que ha mostrado inicialmente el gobierno de la Junta".

La ILP continúa su tramitación parlamentaria después de que el Consejo de Gobierno ha hecho público su dictamen negativo a la ILP de la comunidad educativa. "Los argumentos esgrimidos por el Consejo de Gobierno para posicionarse en contra de la ILP son fundamentalmente dos: que supondría un importante aumento de la inversión en educación y que es el Ministerio quien tendría que fijar una bajada de ratios en todo el Estado", señalaron en un comunicado.

Para la Comisión Promotora de la ILP, "llama la atención que el gobierno de la Junta presente como principal argumento para oponerse a la medida que la bajada de las ratios escolares supondría un aumento de la inversión en educación, cuando Andalucía sigue estando a la cola de las comunidades autónomas en gasto por alumno".

El Consejo de Gobierno, en el comunicado con el que ha hecho público su dictamen negativo a la ILP, "plantea que la bajada de las ratios escolares supone un gasto de 1.362 millones", pero al mismo tiempo sostiene que la misma se está produciendo de manera natural. Carmen Yuste, portavoz de la Comisión, se pregunta que “¿cómo es posible que el gobierno de la Junta mantenga que la ratio ha bajado sin adoptar ninguna medida y al mismo tiempo, que las medidas encaminadas a la bajada de ratios tienen un coste inasumible? La verdad es que la ratio no está bajando de forma generalizada y que la implantación de la ILP no supondría una gran inversión extra, sino un freno a los recortes y al cierre de clases públicas”.

Desde la Comisión Promotora de la ILP, "que cuenta con el apoyo de familias, docentes y estudiantes, tampoco se entiende el argumento de que es el Ministerio el que tiene que fijar las ratios de todos los territorios del Estado" ya que, a su juicio "nada impide que las comunidades autónomas rebajen ese límite máximo. Tanto es así, que comunidades gobernadas por partidos de diferente signo político han aprobado ya medidas para la bajada de las ratios escolares en sus territorios, como es el caso de Castilla y León, Cataluña, País Vasco o Cantabria".

La Mesa del Parlamento debe fijar ahora la fecha para el Pleno del Parlamento en el que se debatirá la ILP. El dictamen negativo del Consejo de Gobierno "presagia que la posición del PP será contraria a la aprobación de la iniciativa". La Comisión Promotora y los colectivos adheridos a la ILP esperan "que los diferentes grupos parlamentarios, incluido el del PP, sean permeables a los argumentos que se plantearán en el Parlamento, dado el apoyo unánime con el que cuenta la iniciativa en la comunidad educativa".