El plazo para acogerse al plan estrella contra el paro en el sector de la construcción, el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja), terminó el pasado lunes. Los 770 ayuntamientos andaluces presentaron 2.177 proyectos por 300 millones de euros. La previsión: 15.731 puestos de trabajo. Algunos alcaldes dudan, y mucho, de que vayan a ser tantos. La patronal de la construcción, también. Advierten de que se han generado muchas expectativas en una masa de mano de obra en situación de asfixia y con difícil reciclaje, cuando esta iniciativa no es tanto creación como mantenimiento de empleo. Pero apuntan a algo que creen más importante, se ha dejado un flanco al descubierto: los nuevos empleos no serán para los parados de larga duración, el segmento más vulnerable porque el tiempo de la prestación por desempleo corre en su contra.

El decreto-ley de la Junta que regula el Proteja y el pliego tipo para las obras recoge que la prioridad son los desempleados. Hasta un 60% de la baremación para la adjudicación de los proyectos es la relación de nuevos contratos, es decir, quien manteniendo el empleo existente contrate a más trabajadores tendrá más puntuación. Esos fichajes deberán realizarse a través de oferta del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que se traduce en que los empresarios tendrán que elegir de entre los candidatos que se les propongan, teniendo en este caso preferencia no tanto los parados de larga duración como aquellos a los que está a punto de acabárseles la prestación, según informa la Consejería de Empleo, que gestiona este plan al alimón con la Consejería de Gobernación.

Sin embargo, eso no entraña obligación alguna para la parte contratante. Y es el sentido práctico, en este caso, el que se impone.

Emilio Corbacho, secretario general de la Federación Andaluza de Constructores y Promotores (Fadeco), lo explica con claridad: "El interés humanitario del empresario es no perder a los suyos, y cuando haya contrataciones, que aunque pocas las habrá, irán por todos los medios al rescate de los últimos que echaron. Son los mejores trabajadores, tienen experiencia, saben cómo funcionan. Eso dejará fuera a los primeros que mandaron al paro o a los que no conozcan".

Pero no es éste el único elemento en contra de la operación de fichaje de parados, otro impedimento es el contrato fijo de obra. Esta figura, exclusiva del sector de la construcción, a diferencia de la contratación indefinida, da la fijeza al trabajador para una obra en concreto y si una vez concluida, la empresa está embarcada en otra, puede reengancharle, así hasta cumplir los tres años. "Si un empresario acaba con una obra y opta a una del Proteja, tras la licitación, intentará por todos los medios mantener su plantilla", reflexiona Corbacho.

Desde la premisa de que en tiempos de crisis, toda ayuda es buena, los constructores no quieren tirar por tierra la voluntad de la Junta. Se refugian en una "crítica moderada" e insisten en su "excesivo optimismo" en cifras y resultados, aunque la Administración autonómica defiende que son ajustadas a las previsiones facilitadas por los propios ayuntamientos. También muestran sus "dudas" sobre su efectividad. Y son tantas, que en breve presentarán su propio balance de la situación real del sector y las soluciones que creen pueden salvar al que, pese a haber caído en picado, consideran que sigue siendo un motor económico con más de 300.000 empleados. No descartan tampoco recurrir a acciones de protesta para llamar la atención.

Algunos alcaldes también lo ven así y desde las mismas puertas de sus ayuntamientos, donde a diario atienden a un goteo incesante de parados. O incluso hasta en manifestación, como le sucedió a finales de febrero al alcalde de San Fernando (Cádiz), Manuel María de Bernardo (PA), que se enfrentó a una semana entera de protestas de grupo de ex empleados de la construcción que le exigían trabajo.

"Se han generado demasiadas expectativas. La gente cree que se va a crear mucho empleo y que es el Ayuntamiento el que directamente va a contratar. Y no es así, hay que explicarles que son los empresarios y que no se les puede obligar a que les escojan. Lo máximo que un alcalde puede hacer es hacer un llamamiento a los constructores para que arrimen el hombro y fichen a parados de la localidad", afirma.

En San Fernando hay 10.400 parados y el Proteja y el Fondo Estatal de Inversión Local -plan similar puesto en marcha por el Gobierno- apenas van a llevar al tajo a 750 personas. "Intentaremos a toda costa adjudicar los proyectos a quienes más contraten, pero muchas obras son pequeñas y se cubrirán con el propio personal de la empresa. A lo sumo el nivel de nueva contratación llegará al 30%", advierte el regidor isleño, molesto por la "venta" que se ha hecho de estos programas y que ve como un "parche temporal", aunque reconoce que la Junta ha afinado más en el reparto del dinero ya que aparte de la población, atiende a la evolución del paro en el municipio.

En Sanlúcar (Cádiz), su alcaldesa, Irene García (PSOE), está encantada porque lo que llegará de la Junta y del Estado es una "inversión sin precedentes" para el municipio. Su solución para fomentar aún más la contratación de parados es que, "para la baremación de los proyectos, el 70% es el nivel de contratación y el 30% el dinero que costará la obra". La previsión es de unos 600 empleos entre ambos fondos, estatal y autonómico. De todas formas, no es la construcción lo que más le preocupa. La estacionalidad del turismo, unido a un invierno climatológicamente duro y el recorte del gasto en ocio, ha provocado un desplome sin precedentes en el sector servicios. Por eso no son tanto obreros como hosteleros los que le piden auxilio.

Todo lo contrario es lo que sucede en Guadix. En un año, ha incrementado en un 90% los parados de la construcción. Cuadrillas de albañiles, fontaneros o electricistas que se desplazaban a la Costa del Sol o el Poniente almeriense han vuelto a casa. La solución de la Junta es para su alcalde, Santiago Pérez (PP), "una gota en el océano". "Vienen bien esos fondos, pero no es un remedio", asegura, y recalca que aunque el ayuntamiento pide "a las empresas un número de empleados por obra, ellos recuperan a su gente de confianza que han despedido previamente".

A la crítica numérica, añade la política. Pérez cree que se han despertado demasiadas expectativas cuando no se va cubrir "ni un 1% del problema del paro". "Es una campaña en la que cada obra fijará un cartel donde brillarán los patronos. La propaganda prima sobre la realidad", lamenta, mientras reserva hasta tres tardes de la semana a atender a parados en su despacho.

En La Luisiana (Sevilla), el Ayuntamiento ha sido más previsor. Hasta 2008 en este municipio de 4.500 habitantes colgaba el cartel de pleno empleo, ahora ronda el 9%. "Ya a finales de 2007 veíamos lo que se avecinaba. Y para la caída de la construcción buscamos alternativas de inmediato, entre ellas, el campo. Hemos destinado 1.000 hectáreas al olivar que en un año y medio empezará a rendir, hemos atraído empresas de energías renovables o agroalimentarias", afirma su alcalde, Eduardo Tamarit (IU).

"Empleo cero" es lo que, al igual que el resto de alcaldes y constructores, concluye Tamarit que supondrá el Proteja: no se crearán nuevos empleos pero, al menos, no se destruirán. Y eso en plena crisis, todos coinciden en que ya es algo.