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Caso de los ERE

El ex consejero Fernández asegura que Chaves y Griñán no conocían el procedimiento de las ayudas

  • Defiende la legalidad del sistema y asegura que no hubo “ningún ERE falso” en Andalucía, minimizando los intrusos a menos de un uno por ciento del total de los beneficiarios.

El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha asegurado este jueves, en su declaración ante el Tribunal Supremo, que los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán no conocían el procedimiento por el que se concedían las ayudas de los ERE y ha añadido que no existe “ningún ERE falso”, limitando el caso de los intrusos a sólo 60 personas, un uno por ciento del total de beneficiarios de las ayudas.

En una declaración que se prolongó por espacio de unas dos horas, el ex consejero de Empleo, a quien la juez Mercedes Alaya envió a prisión en abril de 2012, ha rectificado precisamente las declaraciones que realizó ante Alaya, al estimar que se “descontextualizó” lo que allí se dijo. Fernández le dijo entonces a Alaya que el consejero de Empleo José Antonio Viera debió informar al presidente de la Junta y al resto del Consejo de Gobierno por la “importancia del procedimiento”.

Antonio Fernández ha dicho ahora, en cambio, que el presidente de la Junta “conoce lo que conoce un presidente, la problemática sociolaboral”, como los conflictos de Santana y Delphi, pero eso “no significa que el presidente conozca el procedimiento”. Para el ex consejero, el presidente sabía que “había un problema muy importante e insta a su Gobierno para que trabajen para que ningún ciudadano quedara desamparado, pero no tuvo ni conoció el procedimiento ni el contenido exacto del convenio”.

El ex consejero insistió en que “nunca” hubo ningún problema de legalidad con los convenios por los que se concedían las ayudas y las transferencias de financiación, y precisó que el convenio marco de 2001 “contenía elementos de justicia y equidad”, no se hizo con criterios de “opacidad ni de desviación” y en cualquier caso dicha norma vino a “dar soporte jurídico a las gestiones entre la Consejería de Empleo y el IFA”.Ese convenio, precisó Fernández, partió del titular de la Consejería –en alusión a José Antonio Viera- y él lo suscribió en su condición de presidente del IFA “sin ninguna tacha de irregularidad o ilegalidad”.

De otro lado, Fernández sostuvo que en este macrocausa “no hay ningún ERE falso, todos los que se han tramitado en Andalucía son completamente legales y ajustados a la legalidad”, al tiempo que puso de manifiesto que las ayudas a las empresas han sido declaradas legales por la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2012, que “condena a la Junta a hacer frente a unas ayudas”.El ex consejero minimizó el fraude de los ERE, al afirmar que más de 6.000 trabajadores se han beneficiado por estas ayudas, que “han cobrado y las cobrarán” porque han sido “validadas” por el Gobierno y el Parlamento, y añadió que de los “famosos intrusos” en la actualidad quedan unas 60 personas, lo que supone aproximadamente un uno por ciento del total.

Fernández aseguró que ni la Intervención General de la Junta ni la Cámara de Andalucía le hicieron “advertencias de ilegalidad” con relación a las ayudas, y señaló que el interventor conoció los expediente y, por tanto, “podía hacer un informe de ilegalidad”, recordando que la Intervención paró 38 millones porque consideró que había “daños al erario y al poco tiempo liberó” esa partida. “Los hechos han confirmado que todas las ayudas que se dieron han sido ratificadas por el Parlamento y han sido declaradas correctas y han tenido un destino correcto, si ha habido una arbitrariedad creo que no ha sido en la concesión sino en la manipulación por terceros”, aseveró Fernández, que insistió en por parte de la Cámara de Cuentas “nunca ha habido ninguna advertencia de nada en el sentido de ilegalidad, ha habido opiniones sobre si el sistema era más o menos correcto, pero no de ilegalidad”.

El ex consejero quiso dejar claro, no obstante, en su declaración que no ha pretendido “cargar culpas contra nadie”, porque considera que el interventor “hizo su trabajo y no consideró declarar ilegal esas ayudas y no hacer un informe de actuación”, lo que le situaba a él “en un entorno de tranquilidad para actuar”.En un momento de la declaración, el fiscal le reprochó al imputado que se estaba yendo “por los cerros de Úbeda”, a lo que Fernández reaccionó quejándose al instructor, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, quien al final de la declaración ha señalado que algunas de las afirmaciones del ex consejero no le parecían compatibles con los datos que obran en la causa y Fernández ha reafirmado su postura.

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