La temporada alta del turismo náutico está a punto de comenzar. Y antes del desembarco de miles de navegantes en el litoral andaluz, los concesionarios de puertos deportivos quieren impulsar un cambio de rumbo en la política seguida hasta ahora por la Junta de Andalucía. Ven urgente la necesidad de un golpe de timón que se concrete en cambios en la reciente Ley de Puertos pero, sobre todo, en la desaparición de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) como explotadora de estas instalaciones. Su objetivo: la privatización de los 25 puertos que ahora son de gestión pública para que así Andalucía no pierda el filón del turismo de calidad, si no de lujo, que ya está recalando en otras zonas costeras del país.

Confían en la sensibilidad de quien ahora capitanea la Consejería de Obras Públicas, Mar Moreno, a la que ya han solicitado una reunión para transmitirle sus demandas, cuyo eje principal es poner fin a la política que califican de "intervencionista" llevada ahora por este departamento y que estas instalaciones turístico-deportivas no dependan sólo de éste, sino que también estén bajo la tutela de la Consejería de Turismo, a través de una dirección general común.

El presidente de Marinas de Andalucía -organización que integra a 14 puertos que representan el 90% del sector-, José Carlos Martín, justifica esta demanda en el "sinsentido" de que los recursos públicos se destinen a ofrecer puntos de atraque hasta un 30% más baratos que en los puertos de gestión privada, ya que ese diferencial significa que, "a costa del dinero de todos los andaluces, un señor que tiene un barco puede atracar a mejor precio", asegura, mientras se cuestiona por qué no se aplica el mismo criterio entonces a los campos de golf.

"Es absurdo que la Junta se empecine en competir con nosotros. Dejen operar a los operadores privados que lo hacen bien y, además, dejan a los clientes más satisfechos porque ofertan mejores servicios, que es algo que va más allá que un simple amarre barato", apostilla, y recuerda que, según los datos que poseen, las cuentas de la APPA arrojan unas pérdidas de más de 8 millones de euros, fruto de esa política "inconcebible" de aplicar "tarifas por debajo de coste".

Esta circunstancia, unida a la capacidad de la APPA de fijar los cánones y tarifas para los concesionarios, es para Marinas de Andalucía un ejercicio de "competencia desleal" porque la agencia actúa como ente regulador de un mercado en el que también participa. Un hecho que llevaron el pasado año a la Comisión Nacional de la Competencia, que sobreseyó el caso, pero que decidieron recurrir ante la Audiencia Nacional.

El planteamiento de privatizar los puertos encaja más aún para esta organización ante la perspectiva del retroceso del sector pesquero y la reconversión de estos puertos para el ocio, y la previsión de aumento del número de los atraques existentes de aquí a 2015. Obras Públicas tiene programado alcanzar el techo de los 25.000, teniendo como punto de partida los 13.570 actuales -es decir, un incremento del 85%-, pero que seguirá dejando a Andalucía por detrás de otras comunidades, como Cataluña, Baleares o Valencia que, con muchos menos kilómetros de costa, tienen más puertos. Según los datos que maneja Marinas de Andalucía, el promedio de construcción de la APPA ha sido en los últimos cuatro años de entre 600 y 700 atraques, con lo que ven difícil alcanzar ese reto si no es por manos privadas.

Además, apuntan a la necesidad de que en los nuevos puertos o en la ampliación de los ya existentes se construyan amarres para grandes veleros y yates que superen los 40 ó 50 metros de eslora, fletados por navegantes de grandes recursos económicos, que llevan a bordo a amplias tripulaciones, y que no pueden dejar divisas en los puertos andaluces porque no tienen dónde recalar. "Hoy por hoy, ni el yate de la familia real saudí ni el de Paco el Pocero pueden quedarse en Andalucía", apostilla Martín.

La Consejería de Obras Públicas y la APPA, rehusaron pronunciarse sobre la reclamación de este colectivo hasta que no se produzca esa reunión. No obstante, cabe recordar que la decisión de la Junta de involucrarse en esta actividad se remonta a la década de los noventa, cuando se detectó una creciente demanda sin respuesta, en especial, en la zona atlántica, en el que la iniciativa privada no se interesó por la dificultad y costes que acarrea la construcción de pantalanes en esta franja costera por las mareas. Con su iniciativa, la Junta procuró, además, impulsar nuevos polos de atracción turística en esta zona y fomentar esta actividad, algo que han conseguido a tenor de las listas de espera que tienen sus puertos.

Por lo que sí está más preocupada ahora la Junta es por el recurso planteado por el Gobierno a la recién aprobada Ley de Puertos por invasión de competencias, que tendrán que ser debatido en una comisión de conciliación que aún no se ha constituido, y en la que se sentarían a negociar las consejerías de Obras Públicas y de la Presidencia con el Ministerio de Fomento.