¿Cómo definir a un movimiento cuyos propios seguidores rechazan frontalmente que se les catalogue? Ante la dificultad, siempre queda el reduccionismo, así que se les llama okupas. Pero en ese saco caben idealistas, bronquistas, románticos, desaseados, hippies, punkies, indigentes, antisistema... Todo eso, sin contar con que hay okupas que estéticamente nunca pasarían por tales y otros que, teniendo el mismo aspecto que los que montan centros sociales, viven de alquiler o hasta con sus padres.

Dentro de ese heterogéneo colectivo hay un grupo que ha dado mucho que hablar últimamente en Granada y cuyo número de miembros fluctúa entre los 150 y los 200. En poco más de un mes -entre el 29 de abril y el 6 de junio- se han desalojado tres casas en la capital después de que sus dueños denunciaran por vía judicial que allí se había instalado gente sin su autorización. El último incidente de este tipo se saldó el pasado viernes con dos detenidos, que han quedado en libertad condicional pero tendrán que responder ante un juez de los cargos de usurpación, daños múltiples a bienes inmuebles y defraudación al servicio de luz y agua.

"Hay quejas sobre ellos, pero no se puede criminalizar a nadie por sus pintas", resumió ayer un dirigente de la Policía Local que prefirió omitir su nombre y que, aunque sabe que los okupas, en general, no gozan de muy buena fama, expone algo tan obvio como que mientras se limiten a estar en la calle, pasear o sentarse en una plaza a tocar los bongos -por mal que lo hagan- no hay motivos para castigarles.

Pero están vigilados: entre los okupas se infiltran en ocasiones elementos potencialmente peligrosos, gente a la que se sigue el rastro porque se sabe que se ha metido en más de un fregado. En la tristemente famosa kale borroka del País Vasco, por poner el ejemplo más significativo.

Hasta tres fuentes de la Policía Nacional y la Local confirman que en fechas concretas -el pasado 20 de noviembre y las dos semanas que precedieron a ese día, la manifestación no autorizada y el corte de tráfico en San Jerónimo del pasado 15 de mayo, por citar dos casos- hubo un control especial hacia ciertos individuos. Personas afines a organizaciones radicales y familiarizadas con técnicas de, por decirlo de alguna forma, guerrilla urbana.

Lo cual podría explicar, por cierto, por qué en noviembre se lanzó un cóctel molotov sobre la fachada del consulado de Italia y otro sobre la de un Registro de la Propiedad, por qué días después alguien cruzó varios contenedores en Ancha de Capuchinos y les prendió fuego, por qué hubo detenidos tras la marcha antifascista del 20 de noviembre y hasta por qué la Policía Nacional tenía orden de no intervenir en la citada manifestación.

"Es gente que se entera, ya sea por internet o porque se les avisa, de que va a haber algún desalojo, alguna manifestación o algo en lo que puede haber lío y se apunta", comenta otro policía consultado por este periódico, que sabe "a ciencia cierta, porque por su documentación se ha comprobado" que en todas esas actividades hubo presencia de radicales.

"El caso es que comparten con los okupas pacíficos bastantes cosas; lo que les diferencia, más que nada, son las formas", añade el anónimo policía. Otro compañero matiza que puede ser cierto que tengan objetivos comunes, como la autogestión, las asambleas, o el rechazo de la "prensa burguesa" y del actual sistema parlamentario -"nuestros sueños no caben en sus urnas", proclamaban en su web algunos okupas, sobre una imagen un tanto escatológica alusiva a PP y PSOE-, pero asegura que, en la práctica, es más lo que les separa.