La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla cambiarán la ley actual sobre industrias alimentarias para mejorar el control sobre esta actividad. Se trata del principal acuerdo al que han llegado ambas administraciones tras la reunión mantenida la tarde de este jueves en San Telmo, dentro del plan de seguimiento del brote de listeriosis. 

A este encuentro han asistido, por parte de la Junta, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo. Por parte del Ayuntamiento hispalense lo han hecho el alcalde de la capital andaluza, Juan Espadas, y el delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores. 

En la reunión -la segunda que mantienen desde que se decretó la alerta sanitaria el 15 de agosto- se ha hecho un repaso de todas las actuaciones llevadas a cabo estas tres semanas. Con vistas al futuro, y con la intención de mejorar la actuación y la coordinación entre los servicios de ambas administraciones ante este tipo de crisis alimentaria, la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla han decidido configurar una comisión técnica en la que también estarán presentes la federación andaluza de municipios y provincias (Famp) y los consistorios de las grandes capitales, especialmente los de Málaga y Granada, por tener las competencias en consumo. 

El fin que persigue este equipo de trabajo es acordar las modificaciones legislativas necesarias para aumentar y mejorar los controles previos que han de llevarse a cabo en las industrias y establecimientos cuya actividad suponga un "riesgo" para la población. 

Evitar casos como el de Magrudis

Conviene recordar aquí que el brote de listeriosis se originó en una carne mechada infectada que fabricaba la empresa sevillana Magrudis y que comercializaba con la marca La Mechá. Esta fábrica estuvo desde 2015 funcionando sin la licencia oportuna y la declaración responsable que presentó a finales de 2018 tenía numerosas deficiencias que se han constatado recientemente. Tampoco pidió el permiso para ampliar sus instalaciones ni la Junta pudo certificar la modificación de su proceso de elaboración. La empresa contaba desde 2017 con un plan de autocontrol que, en palabras de Jesús Aguirre, se ha comprobado que "ha fallado". 

Estas irregularidades han trasladado a la opinión pública la sensación de la falta de supervisión y control por parte de las administraciones competentes en las actividades que conciernen a la producción alimentaria y, a la postre, en la salud de los ciudadanos. De ahí que ahora la Junta y el Ayuntamiento quieran reforzar las inspecciones en dicho ámbito. 

También estos días se ha suscitado el debate -originado por el propio presidente andaluz, Juanma Moreno- sobre la conveniencia de que todas las competencias en salud pública las ostente la Junta, lo que supondría la devolución de éstas por parte de los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Granada. Por tal motivo, otro de los acuerdos de la reunión de este jueves ha sido el de "reforzar la coordinación entre las distintas consejerías y delegaciones municipales", aunque eso sí, "respetando el ámbito de sus respectivas competencias en materia de Salud y Consumo". El objetivo principal de esta colaboración, sin menoscabar la independencia administrativa, es "mejorar los controles previos en salud alimentaria, las inspecciones posteriores y la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación de crisis sanitaria". 

En la Fiscalía 

Por otro lado, en este segundo encuentro -que se produce tras las numerosas acusaciones y reproches entre ambas administraciones- se ha señalado a Magrudis como "la única responsable de la alerta alimentaria", a lo que han acusado de falta de colaboración y ocultación de datos, motivo por los cuales ha sido denunciada ante la Fiscalía por la Junta y el Ayuntamiento hispalense. 

Tanto el gobierno autonómico como el local se han comprometido a mantener "una línea coordinada y conjunta de intervención" en las denuncias formuladas ante el Ministerio Público, así como en la investigación judicial contra la referida empresa "por un delito contra la salud pública y como única y principal responsable de la crisis alimentaria".