La ayuda a domicilio consiste en el cuidado y la atención personal de un dependiente en su propia casa -también compatible si reside en un centro de día- por parte de un profesional. Esta asistencia domiciliaria la gestionan directamente los ayuntamientos y las diputaciones a través de los servicios sociales comunitarios y es financiada por la Junta de Andalucía. Hasta el próximo julio, la Administración autonómica adelantará 99 millones de euros a los municipios, el doble de los 49 millones destinados en todo 2008, según anunció ayer Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social, en un desayuno informativo.

"Si tienen que destinar más dinero del que se les consigna, lo recibirán en los próximos meses", aseguró Navarro. Si no han gastado su asignación, se les ajustará en los próximos repartos. Navarro agradeció la "lealtad" de los municipios para prestar este servicio a los dependientes. Sólo Torremolinos, en Málaga, prescindió de firmar un convenio con la Junta.

En la actualidad, 21.546 personas en Andalucía reciben la ayuda a domicilio. La hora de atención está tasada en un coste de 13 euros para las arcas públicas. La intensidad del grado de dependencia varía el número de horas de ayuda, de entre 55 y 90 horas al mes para los grandes dependientes; entre 55 y 40 para los severos de nivel 2. y entre 40 y 30 para los severos de nivel 1 que se incorporaron el 1 de enero, según el calendario previsto para el desarrollo de la ley. Más de 22.000 andaluces son reconocidos como beneficiarios, aportan las estadísticas del Gobierno.

La colaboración de la Junta, agregó Navarro, abarca el dinero que destina a reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios. Desde 2006, la inversión ascendió a 53,4 millones para la contratación y mantenimiento de 536 profesionales.

Andalucía ha recibido hasta el 1 de enero 233.521 solicitudes para acogerse a las prestaciones de la Ley de Dependencia y a un 81,3% se les ha evaluado. Las administraciones cuentan con tres meses desde que reciben el formulario para realizar la valoración del dependiente y el porcentaje de atendidos fue destacado por Navarro. La consejera consideró "imposible" anotar un 99,9% de valoraciones realizadas al tratarse de un sistema "abierto y dinámico". Sólo Madrid y Murcia, del PP, cuentan con esos registros, seguidas de Castilla y León (98,6%) y Cataluña (97,1%). Tanto el supuesto retraso como la dotación presupuestaria para 2009, 530 millones de euros, han sido criticados por el PP. Navarro les acusó de "mentir de manera burda" y de "sembrar insidia".